El Gobierno dice tener ya "muy avanzado" el reglamento de la Ley de Transparencia, pendiente desde 2013

En todo caso, ya habla de reformar en 2023 la ley de Rajoy que aún hay que desarrollar

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El real decreto relativo al Reglamento que desarrollará la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, pendiente desde hace siete años y que se había previsto tener aprobado a finales de 2020, sigue en 'la cocina' pero ya está en una "fase de tramitación muy avanzada", según ha comunicado el Ejecutivo. En todo caso, y con independencia de la fecha de ese desarrollo, ya hablan de reformar en 2023 aquella Ley de Transparencia, que vio la luz con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Así lo detalla el Ejecutivo en una serie de respuestas remitidas a Vox, algunos de cuyos diputados se interesaron por los plazos para la aprobación de ambas regulaciones.

En sus escritos, recogidos por Europa Press, el Gobierno remarca que la política de transparencia y acceso a la información pública "es un objetivo prioritario e irrenunciable" del Gabinete de coalición.

En el 'IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024', aprobado a finales de octubre de 2020, se fijaba como primer hito, para diciembre del año pasado, la aprobación del Reglamento de la ley de Transparencia, que en esas fechas cumplió siete años de vigencia.

Y AHORA, DE DARIAS A ICETA

Sin embargo, su llegada al Consejo de Ministros sigue pendiente más de dos meses después, aunque el Ejecutivo asegura que se encuentra ya en una avanzada fase de tramitación. La entonces ministra de Función Pública, Carolina Darias, ya avanzó hace unas semanas que se aprobaría durante el primer semestre de este año, una tarea que tendrá que culminar su sucesor en el ministerio, Miquel Iceta.

En sus respuestas a Vox, el Gobierno recuerda que la tramitación del citado Reglamento ha contado con una amplia participación. De hecho se redactaron dos borradores (uno por el Gobierno del PP en febrero de 2018 y otro por el del PSOE un año después), y a lo largo de estos años ha dado tiempo a someterlo a dos procesos de información pública, además de la consulta previa, lo que ha dado lugar a más de un centenar de informes con aportaciones de distinto origen de la sociedad civil y la ciudadanía en general.

Además, el borrador del Reglamento ha sido informado por los departamentos ministeriales, las comunidades y ciudades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Dirección de Régimen Jurídico Autonómico y Local, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Estado.

Pero, además de aprobar el Reglamento, el Ejecutivo prevé reformar la Ley de Transparencia, ya en 2023, y también ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos.

El objetivo de la reforma de la ley es adaptarla al contexto internacional en esta materia e introducir mejoras en las cuestiones más demandadas por la ciudadanía, como las obligaciones de publicidad activa, las máximas garantías en el ejercicio del derecho de acceso y en la actividad de los órganos garantes y el impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Asimismo, el Ejecutivo reafirma su compromiso en la "mejora y refuerzo" de la transparencia y la rendición de cuentas entre otras cosas mediante la actualización del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

Su intención es ampliar la denominada publicidad activa y la rendición de cuentas para facilitar a la ciudadanía el seguimiento de planes públicos e informe sobre su cumplimiento; abordar iniciativas como el impulso de la apertura de datos, la reutilización de la información del sector público y el desarrollo de buenas prácticas en el ámbito económico presupuestario, del empleo público y del Registro Mercantil.

Por su parte, según avanza el Ejecutivo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno participará con el establecimiento de un Sistema de Acreditación de la Transparencia de las entidades públicas y privadas.