El Gobierno esgrime los controles internos de la Fiscalía para defender la imparcialidad de Delgado en el caso Stampa

Vox preguntó al Ejecutivo si iba a atender las peticiones de la Asociación de Fiscales de cesar a la fiscal general del Estado

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado que la Fiscalía cuenta con mecanismos internos de control que garantizan que la actuación de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el denominado 'caso Stampa' --relativo a las diligencias de investigación que se siguieron contra el exfiscal del 'caso Villarejo' Ignacio Stampa, por un presunto delito de revelación de secretos-- "no comprometa la imparcialidad de la Institución".

El Ejecutivo ha respondido así a varios diputados de Vox que le preguntaron si, "atendiendo a la última información publicada en la que se evidencia que la fiscal general del Estado estaba informada del caso Stampa", iba a escuchar las peticiones de las asociaciones de fiscales que reclamaban el cese de Delgado.

En concreto, la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) consideraron que Delgado debía dejar su cargo a la mayor brevedad posible por no haberse abstenido en el marco de las diligencias de investigación que se siguieron contra el fiscal Stampa.

Desde Vox indicaron que la información publicada en varios medios de comunicación ponía de manifiesto que Delgado "a través de su mano derecha, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, (Álvaro) García Ortiz, no sólo conocía el estado de la investigación" relativa a Stampa, sino que, además, había "interferido en repetidas ocasiones para forzar la inculpación del investigado".

El Gobierno, en una respuesta escrita del 29 de abril recogida por Europa Press, ha evitado hacer mención expresa al caso y ha recordado varios apartados del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Así las cosas, ha insistido en que el Ministerio Público "posee los mecanismos internos de control para que las actuaciones llevadas a cabo en el seno de la Fiscalía General del Estado no comprometan la imparcialidad de la Institución, siendo este uno de los principios rectores del Ministerio Fiscal".

Asimismo, ha recordado que el artículo 31 de dicho Estatuto Orgánico "dispone taxativamente" las causas de cese de la fiscal general. La normativa establece que el mando de la fiscal general tendrá una duración de cuatro años y que solo se le podrá cesar por los siguientes motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que la inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que le ha propuesto.

Vox, en un texto de 17 de marzo también recogido por Europa Press, preguntaba además qué actuaciones iba a adoptar el Ejecutivo para que estas "irregularidades" en torno a Delgado no afectaran a la función encomendada al Ministerio Fiscal.

Desde el Gobierno han insistido en que el Ministerio Fiscal "tiene consagrada su autonomía funcional y, por tanto, su capacidad de auto organización y funcionamiento interno, sin dependencia externa ni posibilidad de injerencia de ningún poder del Estado".

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Los de Santiago Abascal también preguntaban si en Moncloa tenían previsto "acoger" la propuesta de la APIF y "promover alguna reforma del Código Penal para incluir un tipo específico de tráfico de influencias" que "permita incluir conductas como las que han realizado Dolores Delgado y Álvaro García --el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado--".

Desde el Ejecutivo han asegurado que "los proyectos de modificación del Código Penal que presente el Gobierno siempre se regirán por los principios inspiradores del Derecho penal de un Estado social y democrático de derecho, entre los que destacan los de legalidad, culpabilidad, intervención mínima y proporcionalidad, y respetando en todo momento su carácter fragmentario y su condición de última ratio sancionadora".

Así las cosas, ha subrayado que "apuesta" por reunir el "máximo consenso parlamentario, considerando que el Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social y que cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar la propia norma, tal y como recoge la Exposición de Motivos del mismo Código Penal".