MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Mariano Rajoy está estudiando las enmiendas que ha presentado el diputado de Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo, a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 antes de empezar la negociación sobre las mismas.
Según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo, se han remitido las enmiendas presentadas por Pedro Quevedo a los distintos ministerios para que analicen las peticiones del diputado canario y hagan un informe sobre su viabilidad.
El voto de Pedro Quevedo es imprescindible para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, ya que el Ejecutivo ha logrado 175 apoyos a las cuentas del reino, pero necesita un voto más para lograr la mayoría que le permita sacarlas adelante.
Por este motivo está estudiando las 49 enmiendas parciales de Nueva Canarias, que suman un importe de 450 millones de euros, unos 330 de los cuales tienen como destino las islas.
Entre sus propuestas, recogidas por Europa Press, destacan el aumento en cien millones de euros de las partidas destinadas a la atención a la dependencia y otros 20 millones adicionales para el combate de la violencia de género.
En el ámbito canario, Quevedo reclama 42 millones para las políticas de empleo, dentro el Plan Integral de Empleo de su comunidad, y otros 30 millones adicionales para infraestructuras educativas en el archipiélago.
También reclama 51 millones para carreteras, 40 millones más para las subvenciones al tráfico aéreo regular entre la Península y las islas y el interinsular otros nueve millones para la lucha contra la pobreza.
El Gobierno quiere tener primero sobre la mesa los informes de los diferentes departamentos ministeriales sobre estas peticiones. Espera contar con ellos a finales de esta semana para poder analizarlos y dar inicio a la negociación la próxima semana.
Este es el motivo, según las fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press, por el que aún no se han producido encuentros entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y los responsables de Nueva Canarias.