MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha anunciado que las entidades locales van a crear la próxima semana junto al Gobierno una comisión que estudie la revisión de la regla de gasto para dar más flexibilidad a los municipios, pero desde Hacienda se ha defendido el actual formato y se ha advertido a la FEMP de que no cabe esperar "grandes revoluciones".
Caballero ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la Comisión Nacional de Administración Local, en la que se ha aprobado la senda de estabilidad para el sector local en los años 2018-2020.
El también alcalde de Vigo, del PSOE, ha recordado el compromiso del Gobierno central de crear esa comisión sobre el techo de gasto en el primer semestre del año. Dado que todavía no se constituyó a cuatro días de acabe el plazo, Caballero ha dudado de las intenciones del Gobierno pero ha señalado que la comisión finalmente se va a constituir por insistencia municipal.
"Es fundamental para nosotros en términos de eficacia, el actual techo de gasto induce a que gastemos aunque sea improductivo", ha señalado el alcalde de Vigo, quien ha indicado la importancia de revisar la norma para mejorar su eficacia y que se aplique "como tiene que ser: Presupuesto sobre Presupuesto".
El presidente de la FEMP se ha mostrado muy crítico con la actitud del Gobierno con "la única administración" que cumplió con las tres patas de la senda de estabilidad: la regla de gasto, el déficit y la deuda.
Pero el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha asegurado que si no se ha constituido la comisión es porque no hay novedades en la normativa europea al respecto que permitan introducir cambios de calado en España. "Teníamos la idea de constituir hoy mismo el grupo de trabajo", ha dicho respondiendo a las críticas de Caballero por la tardanza.
Y ha explicado que lo que se va a poder debatir en esa comisión van a ser cuestiones "técnicas de aplicación de la norma" que no modificarán a fondo la regla. "No cabe esperar grandes revoluciones", ha aclarado.
Nadal ha comparecido en rueda de prensa junto al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Los dos, frente al tono crítico de Caballero, han asegurado que la reunión ha sido fructífera y cordial y que los acuerdos se han tomado por unanimidad.
¿REINVERSIÓN DEL SUPERAVIT?
Asimismo, Abel Caballero ha reiterado las cifras de superávit alcanzadas por el sector local en el último año que ascienden a 7.000 millones, lo que "garantiza que el incumplimiento en Bruselas" del conjunto del país "no sea infinitamente mayor", por lo que ha reivindicado que este ahorro pueda ser invertido en base al criterio de los ayuntamientos en política social y de empleo y ha criticado el "paternalismo" de una administración central "que no cumple sus objetivos".
"Las normas restrictivas no nos dejan invertir en centros educativos. No podemos hacer gastos en política social, en política empleo, gastos en instalaciones deportivas", ha denunciado Caballero.
Fernández de Moya ha respondido a las críticas de los ayuntamientos con cifras. En concreto, con las inversiones financieramente sostenibles que Hacienda autorizó a los ayuntamientos que cumplen la senda de estabilidad, el margen que ya existe para que algunos municipios pueda invertir parte del superávit.
Según ha dicho, en 2016 pudieron invertir 2.747,77 millones de euros en proyecto sostenibles pero la ejecución del cuatro trimestre se quedó en 692,19, "un 25,19 por ciento de lo que podían realizar". "Es evidente que a través de la normativa vigente hemos dado flexibilidad a esa inversión", ha añadido.
PLUSVALIAS
También en la reunión de hoy los ayuntamientos han puesto sobre la mesa la necesidad de una nueva regulación sobre el conocido como impuesto de plusvalías, que fue considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Desde el Gobierno se ha explicado que este asunto se debatirá en el seno de la comisión para reformar la financiación local, en la que trabajan expertos junto al Gobierno y la FEMP y que tendrá conclusiones dentro de un mes.
Caballero ha instado a que el poder legislativo "resuelva rápido" para evitar que las administraciones locales "sigan en la inseguridad jurídica". Por ello ha recordado que en un documento el pasado mes la FEMP pidió que se tomara como referente un índice objetivo o se aplicara el valor de mercado (el precio de compra menos el precio de venta) .
"Las dos nos valen y queremos que Hacienda marque su posición, lo haga con premura y mande un proyecto de ley cuando antes. No podemos esperar", ha declarado Caballero informando de que tendrá lugar una reunión la semana que viene para diseñar un nuevo impuesto o para discutir la reforma del impuesto anterior.
"Vamos a tener una reunión de forma inmediata y vamos a pedir a los expertos que nos asesoren para ver por donde ir", ha afirmado el alcalde vigués reiterando que estos encuentros se propiciarán gracias a la insistencia de la FEMP.
OBJETIVOS PARA 2018-2020
La Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) ha aprobado la senda de estabilidad para los años 2018-2020. Las corporaciones locales tendrán que mantener el déficit cero y una deuda pública sobre PIB que no supere el 2,7 por ciento en 2018, el 2,6% en 2019 y el 2,5 por ciento en 2020.
La deuda viva municipal se situaba en diciembre de 2016 en 24.927 millones si se excluye la deuda con el Fondo de Financiación de entidades locales, por debajo del 3 por ciento del PIB nacional previsto inicialmente para 2020 pero que se cumplió ya el año pasado. Son cifras, según el Gobierno, que se sitúan en los niveles de 2008.
Por otro lado, en la reunión de hoy se han repasado los planes económico financieros del año pasado, en los que se presentaron 1.165 a los órganos de tutela correspondientes de cada corporación local, un 54 por ciento más. Se aprobaron 818.
Además, el Gobierno ha informado a la CNAL del cambio en la metodología del cálculo del periodo medio de pago a los proveedores, consecuencia de un cambio en la normativa comunitaria.