El Gobierno niega que el servicio de captación de familias acogedoras invada competencias, como critica Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a 27 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Ayuso ha anunciado hoy que va a solicitar al Gobie
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a 27 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Ayuso ha anunciado hoy que va a solicitar al Gobie - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Publicado: miércoles, 27 diciembre 2023 19:32


MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha negado que haya invasión de competencias en el contrato aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que pretende desarrollar ahora el nuevo Ministerio de Juventud e Infancia para crear un servicio estatal de captación y formación de familias acogedoras de menores tutelados, como sostenía el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en un requerimiento.

Así ha dado respuesta el Consejo de Ministros a este requerimiento formal de la Comunidad de Madrid, remitido al Gobierno central para anular este contrato del Ministerio alegando que existía invasión de competencias.

"No se aprecia una invasión de las competencias autonómicas sobre protección y tutela de menores siempre y cuando el servicio de ámbito estatal que pueda establecerse con base en la asistencia técnica contratada, se lleve a cabo en los términos establecidos en la Medida 7.L.01delFSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra la Pobreza, que motiva el contrato, estableciendo que el servicio lo presta la plataforma de sensibilización y fidelización de familias, que aparece como un sistema sujeto a una gobernanza compartida y no como un órgano administrativo de titularidad estatal", ha defendido La Moncloa.

De esta manera, el Gobierno da respuesta al requerimiento de la Comunidad de Madrid, reivindicando que ha actuado dentro del ámbito competencial reservado al Estado en la ejecución del contrato, "con instrucciones precisas al contratista para su correcta ejecución en lo que se refiere al régimen de distribución constitucional de competencias".