El Gobierno pide al TC anular la paralización de la LOMCE que pueda aprobar el Congreso

Denuncia a la Mesa del Congreso ante el Constitucional por vulnerar su capacidad para frenar iniciativas que alteren los Presupuestos

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la paralización del calendario de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que ha empezado a tramitar el Congreso pese a la disconformidad del Ejecutivo, según consta en el escrito presentado ante el TC y que ha abierto un conflicto de competencias entre Moncloa y la Carrera de San Jerónimo.

Conforme a lo anunciado, el Gobierno ya ha presentado en el Tribunal Constitucional los dos recursos contra sendas decisiones de la Mesa del Congreso de ignorar los vetos que presentó a las proposiciones de ley del PSOE para paralizar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y para igualar las condiciones laborales de los trabajadores de empresas subcontratadas.

Desde la investidura de Mariano Rajoy, el Gobierno ha pedido al Congreso paralizar la tramitación de 18 proposiciones de ley de la oposición y de parlamentos autonómicos por considerar que alteran los presupuestos vigentes.

La mayoría ya fueron aceptados por la Mesa del Congreso y algunos aún están pendientes de revisión, pero dos de ellos, los dos citados, fueron ignorados por el órgano de gobierno, donde el PP no tiene mayoría, y se dio vía libre a su debate en el Pleno.

EN PLAZO DE ENMIENDAS

La iniciativa sobre los trabajadores de subcontratas esta pendiente de pasar a sesión plenaria, pero la relativa a la paralización de la LOMCE llegó incluso a ser tomada en consideración por el Pleno, tiene abierto el plazo de enmiendas, y podría estar aprobada antes de junio.

En sus escritos, a los que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno argumenta que el artículo 134.6 de la Constitución determina que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación", y que al desatender sus escritos, el órgano del Legislativo ha infringido lo previsto en la Carta Magna y se ha arrogado una competencia que es del Ejecutivo.

Según recuerda, la jurisprudencia del TC tiene asentado que, "para hacer valer su oposición, el Gobierno debe expresar claramente su disconformidad y motivarla", y que sólo se considera "constitucionalente obstativa" si se refiere al presupuesto en curso. El Gobierno asegura haber cumplido ambas condiciones, pues en su día justificó sus vetos y argumentó la repercusión econó mica sobre el presupuesto vigente, que es el de 2016 prorrogado en 2017.

HASTA 615 MILLONES DE PÉRDIDA DE INGRESOS

En el caso de la LOMCE, señala que la aplicación de su calendario de implantación conlleva recibir un dinero del Fondo Social Europeo (FSE) y que, por ende, su paralización supondría una disminución de ingresos que el Gobierno cifra entre 560,94 millones y 614,96 millones en 2016 y 2017.

En los documentos, el Gobierno no sólo pide que el TC reconozca su capacidad constitucional para frenar iniciativas, sino que además reclama que, en el caso de las dos proposiciones de ley que han esquivado su veto, se anule toda la tramitación parlamentaria subsiguiente. Es decir que nunca llegue a aplicarse la paralización de la LOMCE o la equiparación de condiciones laborales que puedan aprobar en los próximos meses las Cortes Generales.

"La aplicación de la teoría de la nulidad de los actos jurídicos determina que, declarada la nulidad de una actuación sea en el ámbito constitucional, parlamentario, privado o administrativo, los actos subsiguientes sean también declarados nulos en cuanto están vinculados al anterior", argumenta.

Eso sí, "para evitar efectos nocivos al sistema constitucional y la seguridad jurídica", el Gobierno pide al TC que resuelva estos casos "a la mayor brevedad". Y es que el alto tribunal aún no ha resuelto el anterior conflicto de competencias entre Gobierno y Parlamento, el que planteó el pasado verano el Congreso por la negativa del Ejecutivo en funciones a someterse a control parlamentario.