MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno propondrá una nueva Ley de Secretos Oficiales y una reforma de la ley de protección integral de las víctimas del terrorismo que "profundiza en la mejora de sus derechos".
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020 en el que se recoge "diez prioridades de legislativa derivadas del programa de Gobierno" de coalición que firmaron PSOE y Unidas Podemos.
En concreto, dentro del paquete de "buen Gobierno y reformas del sector público", se ha anunciado "la necesidad de fortalecer los sistemas de integridad pública" con el "desarrollo reglamentario" de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada en la primera legislatura de Mariano Rajoy.
Además, el Gobierno señala que este fortalecimiento "se completa con una nueva Ley de Secretos Oficiales" y, a su vez, con "la modernización y reforma de nuestro sector público" con la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.
En este paquete se incluye una reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, "que profundiza en la mejora de los derechos de las víctimas el terrorismo".
El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020 recoge un total de 171 propuestas: un proyecto de reforma constitucional, tres leyes orgánicas, 58 leyes ordinarias y 119 reales decretos. También un total de 50 se incorporan al ordenamiento a través de directivas u otras disposiciones europeas.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, avanzó hoy que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley de memoria democrática, y que en él se incluirá la prohibición de que existan fundaciones públicas o con recursos públicos que promuevan ideas totalitarias o enaltezcan figuras dictatoriales, porque "son todo lo contrario de la memoria". Será la primera del plan normativo que va a desarrollar el Ejecutivo.
Sobre Memoria Democrática, el Gobierno detalla que la actualización de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, seguirá las "recomendaciones internacionales" y "busca consolidar una política de Estado que transmita la tradición y la cultura democrática, honrando a quienes lucharon por la libertad, y abolir las manifestaciones de exaltación o justificación de la dictadura".