El Gobierno recalca que la Ley de Memoria corta en 1978 la investigación judicial de violaciones de derechos

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Memoria Democrática aprobada este lunes en la Comisión Constitucional del Congreso corta en 1978, con la promulgación de la Constitución, la investigación judicial de supuestas violaciones de derechos humanos a defensor de valores democráticos, y la ampliación a 1983 pactada la pasada semana con Bildu se refiere sólo al reconocimiento y reparación de hechos que habían quedado fuera de la Ley de Memoria de 2007, según subrayan fuentes gubernamentales.

Cuando se dio a conocer esa enmienda, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpirua, señaló que iban a poder reconocerse violaciones de derechos humanos, y no cerró la puerta a que se incluyeran a víctimas de guerra sucia o de torturas. De ahí que, desde el PP, Vox y Ciudadanos se acusase al PSOE de haber deslegitimado la Transición al llevar hasta 1983, cinco años después de la Carta Magna, el reconocimiento de víctimas.

Fuentes gubernamentales han querido dejar claro que la disposición que se pactó con Bildu y otros partidos se limita a la creación de una comisión técnica, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, para hacer un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983".

ES UNA COMISIÓN DE HISTORIADORES, NO DE FISCALES

Esa comisión, en la que el Gobierno prevé designar historiadores y profesores universitarios, deberá proponer "posibles vías de reconocimiento y reparación" para esas personas, pero eso no incluye una investigación judicial de hechos posteriores a la Constitución porque el articulado de la ley corta la vía jurisdiccional en 1978.

Según aseguran, en todos los procesos constitucionales pueden darse episodios concretos derivados del régimen anterior y por eso se ha querido abrir una puerta para su identificación y reconocimiento, pero a efectos declarativos o a lo sumo económicos, no penales.