Jonan Fernández
IREKIA
Actualizado: lunes, 11 diciembre 2017 11:49

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha considerado que "hasta el día de hoy no se aprecia" un "cambio" en la política penitenciaria de Francia respecto a los presos de ETA. Asimismo, ha indicado que la marcha de París de este pasado fin de semana, debe ser "tenida en cuenta", pero no supone "un antes y un después", y ha apostado por no crear "falsas expectativas" y "hablar con realismo y claridad".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fernández ha reivindicado "una memoria crítica y solidaria" en una jornada en la que, según ha recordado, se cumplen 30 años desde el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron once personas, y 20 años desde el atentado en el que fue asesinado el concejal del PP en Errenteria José Luis Caso.

En esta línea, ha destacado que, desde 2011, "la sociedad vasca y la política vasca ha dado pasos muy importantes hacia adelante en materia de normalización y convivencia, de paz", de manera que "hoy no tenemos el temor de que la violencia sea una amenaza que pueda volver, y cada día que pasa la normalización de la convivencia está más asentada". No obstante, ha advertido de que "tenemos algunas tareas pendientes, algunos nudos pendientes de resolver".

Entre ellos, ha citado la disolución de ETA y la política penitenciaria, aunque ha considerado que "junto a todo ello y la clave más importante" es que "todas las fuerzas políticas, todas las instituciones podamos compartir una reflexión crítica sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado que no dejen ninguna parte de la realidad fuera de esa valoración crítica".

De este modo, ha apelado a "coincidir tanto al reconocer críticamente que la violencia del GAL, la tortura, el Batallón Vasco Español estuvieron mal", como también en el rechazo de "los asesinatos que provocó ETA".

En materia de política penitenciaria, ha considerado que la manifestación que se desarrolló este pasado sábado en París debe "ser tenida en cuenta" y que es "muy respetable", pero no cree que "se pueda hablar de un antes y un después".

El secretario de Derechos Humanos y Convivencia ha recordado que "estamos en un proceso muy lento de modificación de la política penitenciaria en el que se está trabajando desde diferentes ámbitos" y, preguntado por la posible existencia de un cambio en esta materia en Francia, ha asegurado que el Gobierno Vasco "hasta el día de hoy no aprecia ese cambio".

Fernández ha considerado "positivo" que el Ejecutivo francés haya abierto "una línea de diálogo con un grupo de entidades y agentes sociales y políticos de Iparralde" y ha recordado que también que se haya cambiado a siete presos la calificación sobre su grado de peligrosidad. "Hasta ahí llegan los cambios a día de hoy", ha asegurado el responsable del Gobierno Vasco, que ha afirmado, de este modo, que "puede que haya cambios" en Francia pero "de momento no los ha habido".

Asimismo, ha reiterado que es "importante" que haya "pasos en otras direcciones", como "el desarrollo de las peticiones individualizadas, de la vía legal, todo lo referente a la reflexión crítica del pasado...". "Son factores que pueden ayudar, como puede ayudar una disolución y una desaparición definitiva de ETA", ha añadido.

En cualquier caso, ha insistido en la necesidad de diferenciar "planos" porque el acercamiento de las personas presas a prisiones más cercanas al País Vasco "no exige que haya ninguna condición a la otra parte". "Es algo que está previsto en la legislación y que debería cumplirse porque es lo más adecuado, lo más correcto y lo menos lesivo para la sociedad, para las familias...", ha afirmado.

En esta línea, ha manifestado que los "argumentos" para mantener el alejamiento que aducen los responsables en esta materia en el Estado español "no se sostienen sobre razonamientos objetivos a día de hoy". De este modo, ha recordado que, según un estudio reciente del Instituto Pedro Arrupe, "el alejamiento en quien impacta verdaderamente no es en los presos", sino en sus familias.

"Y la familia de un preso no tiene por qué pagar una factura que no debe", ha remarcado Jonan Fernández, que ha recordado que "la propia legislación le da a la familia un papel importante como un agente puente, clave, para el proceso de resocialización de los presos". Por eso, ha añadido, "la legislación dice que los presos deben estar en cárceles cercanas a sus lugares de origen" para "favorecer el arraigo social y la futura resocialización y reinserción".

El responsable de la Secretaría de Derechos Humanos y Convivencia ha señalado, por otro lado, que "otra cosa son los cambios en política penitenciaria más profundos", los relacionados con "la reinserción y otro tipo de materias", para los que "hace falta tocar más teclas".

Fernández ha explicado que "uno de los principios básicos de la política penitencia es el de la individualización, que quienes tienen que hacer el pronóstico sobre la reinserción y la resocialización de una persona presa tienen que hacer un análisis individualizado, que va a depender de tres factores: que no haya riesgo de reincidencia, que haya un comportamiento razonable y que la personas presa manifieste un distanciamiento crítico con respecto al delito que cometió".

"Esto es hablar con realismo y con claridad", ha indicado el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, que ha apostado por "no crear falsas expectativas sobre cómo se van a resolver los problemas".


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