El Gobierno veta una ley de ERC sobre memoria histórica por costar más de 4.300 millones

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) para reformar la Ley de Memoria Histórica y ampliar las indemnizaciones a las víctimas del franquismo. Según explica, aplicar esta reforma supondría una alteración de los Presupuestos por un coste extraordinario de más de 4.300 millones de euros.

La Constitución otorga al Ejecutivo la capacidad de vetar iniciativas parlamentarias que considera que alteran los Presupuestos Generales en curso, ya sea por aumento de gasto o por reducción de ingresos.

La iniciativa de Esquerra, que los independentistas pretendían debatir en el Pleno del Congreso este mismo mes, supone una completa revisión de la Ley de Memoria Histórica de 2007, tanto desde el punto de vista de las indemnizaciones como de la restitución de bienes incautados y la exhumación de fosas e identificación de víctimas y desaparecidos.

Según se recoge en el escrito de disconformidad registrado en el Congreso y al que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno explica que la propuesta de los independentistas catalanes conlleva un incremento "significativo" del gasto público, si bien advierte de que resulta "imposible" cuantificar de forma detallada todas y cada una de sus disposiciones, dada su "ambigüedad".

INDEMNIZACIÓN EXTRA DE 135.000 POR BENEFICIARIO

Una de las medidas que plantea ERC es reconocer el derecho a una indemnización de 135.000 euros a los beneficiarios de todos aquellas personas que fallecieron por la represión franquista hasta el 27 de diciembre de 1978. Moncloa replica que sólo multiplicar esa indemnización por los 31.656 beneficiarios que actualmente perciben algún tipo de prestación derivada de la Guerra Civil ya supondría un gasto de 4.273,56 millones de euros.

Otra reclamación de ERC conllevaría la realización de dos series documentales en todas las lenguas cooficiales que los republicanos catalanes plantean que se emitan en TVE, una sobre la II República y otra sobre la represión franquista.

Aunque admite que "no resulta sencillo" hacer una valoración económica sobre una producción de ficción sin conocer las características del producto propuesto, el Gobierno calcula que cada capítulo podría costar más de 600.000 euros, a los que habría que sumar el IVA.

10 MILLONES EN SERIES DE TV

Para llegar a esa cantidad el Gobierno echa mano de las últimas obras de ficción de naturaleza histórica que se han emitido en la televisión pública, de temporada única y de 17 capítulos de 75 minutos de duración cada uno. "Una primera valoración de la ejecución de estas medidas nos puede dar un incremento presupuestario" de más de 10 millones de euros, sin contar el IVA.

Todo ello supera con creces lo que hasta ahora ha cuantificado el Gobierno para desarrollar la Ley de Memoria Histórica, que son los más de 28 millones de euros que destinó en los Presupuestos Generales del Estado entre 2005 y 2012 para ejecutar las propuestas de la Comisión Interministerial para el estudio de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo. Desde 2013 ya no se reserva cantidad alguna para esta partida.

Además del aumento del gasto, el Gobierno justifica su veto en que la propuesta de ERC traería consigo, además, una merma de los ingresos, en tanto que quieren que estén exentas en el IRPF las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de las comunidades autónomas para compensar la privación de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía. Desde el Ejecutivo alegan que es "difícil" determinar el número de indemnizaciones que en su momento se reconocieron con cargo a la citada ley.

Con este veto y el presentado, también el viernes, contra una ley del Parlamento gallego sobre preferentistas, ya son 21 las iniciativas cuya tramitación ha sido censurada por el Gobierno. La mayoría están en suspenso, aunque dos de ellas han salido adelante por decisión de la Mesa del Congreso, por lo que el Gobierno ha recurrido esa decisión ante el Tribunal Constitucional.