Por su parte, José Luis Olivera sostiene que no tuvo ninguna relación con la operación, que era "absolutamente ajena a sus competencias"
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El comisario Andrés Gómez Gordo ha reclamado una sentencia absolutoria de cara al juicio por la pieza separa del 'caso Villarejo' en la que se ventila la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado para robar documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, ya que alega que actuó por órdenes de sus superiores que consideraba legítimas y convencido de que la operación era "totalmente legal".
Así lo hace en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que cumplió "con las instrucciones de sus superiores jerárquicos, con el convencimiento absoluto de que estaba ante una operación policial totalmente legal, y de la que carecía de toda información".
"La actuación de mi patrocinado se habría desarrollado partiendo de órdenes que consideraba legítimas, sin que exista elemento objetivo alguno que permita inferir, ni siquiera indiciariamente, el conocimiento de la participación dolosa en un ilícito penal, razón por la cual procede el dictado de una sentencia absolutoria", resalta su defensa.
Gómez Gordo es uno de los procesados por la Audiencia Nacional por el operativo parapolicial que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz habría ideado y orquestado entre 2013 y 2015 para espiar a Bárcenas y su entorno a fin de robarles documentación comprometedora que pudieran tener sobre el PP y sus dirigentes en plena investigación judicial por 'Gürtel'.
Está encausado junto al exministro Fernández Díaz, su 'número dos' en Interior Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y los exresponsables policiales Eugenio Pino, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Enrique García Castaño y Bonifacio Díez Sevillano.
NIEGA CAPTAR AL CHÓFER DE BÁRCENAS
Gómez Gordo niega en su escrito que captara al que fue conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, al que la trama parapolicial habría captado para espiar al extesorero a cambio de pagos con fondos reservados y de convertirse en agente de la Policía Nacional. Y añade que "nunca" recibió del chófer información o documentación de ningún tipo.
Además, el encausado menciona que entregó una nota informativa sobre Bárcenas a los responsables del Grupo de Análisis y Tratamientos de la Información (GATI) cumpliendo una orden directa de su superior, sin saber al detalle la información recibida ni lo que pasó después con el tratamiento de la información generada en la DAO (Dirección Adjunta Operativa), no tomando ninguna decisión al respecto, a la par que indica que desconoce quién hizo la nota y cómo le llegó al entonces DAO, Pino.
Sobre los pagos al chófer de Bárcenas con fondos reservados, Gómez Gordo dice que no era custodio de dichos fondos y que Ríos le informó en persona que estaba autorizado el pago de 2.000 euros, y se "ordenó que a partir de ese momento fuese" el comisario "el que debía hacer el pago" al conductor, "cosa que hizo en tres ocasiones cumpliendo y ejecutando materialmente órdenes directas del DAO".
La defensa de Gómez Gordo insiste en que se limitó a cumplir órdenes directas de sus superiores y siempre creyendo que actuaba conforme a la ley. "Tanto en el año 2013, como en el año 2015, no disponía de una posición dentro del organigrama de la policía que le permitiera inferir que la operación fuera irregular, sino todo lo contrario, ni sospechar que, con su actuación, pudiera estar ejecutando un mandato ilícito, sino todo lo contrario", abunda.
ESCRITO DE OLIVERA
Otro de los procesados, José Luis Olivera, que fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, también ha pedido su absolución en el caso, aduciendo que no ha tenido relación alguna con 'Kitchen' "ni en su inicio ni en su desarrollo", una operación "absolutamente ajena a sus competencias policiales" y que conoció, dice, por los medios de comunicación.
En su escrito de defensa, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, sostiene que nunca fue informado por responsable alguno de la existencia de ese operativo ni de que el objetivo fuera el hallazgo de papeles comprometedores para el Gobierno del PP.
Olivera recuerda, además, que aquel Ejecutivo le relevó en 2012 de la jefatura de la UDEF, apartándole de la dirección de la investigación del 'caso Gürtel' que él mismo "había iniciado y que, como se sabe, afectó directamente a destacados miembros de aquel partido y al propio partido, entonces en el Gobierno".
El procesado esgrime que mientras estuvo al frente de la UDEF desarrolló un sinfín de operaciones, como la de 'Gürtel', "sin tacha alguna que aportara duda de ninguna clase respecto a la bondad, eficiencia y efectividad de los servicios prestados".