MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El exdiputado del Partido Popular Pedro Gómez de la Serna ha negado este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción 49 de Madrid haber recibido subvenciones del también exparlamentario popular Vicente Martínez Pujalte, en el marco de la investigación que se sigue en contra de este último y de la exsenadora popular Ana Torme por el cobro de trabajos presuntamente inexistentes a través de la empresa Sirga XXI Asesores, de la que ambos eran socios.
De la Serna ha respondido en calidad de testigo a las preguntas formuladas por los abogados de los dos investigados y ha confirmado que sí existió relación comercial entre la sociedad Scardovi S.L, de la que era administrador único, con Sirga aunque ha negado el cobro de ninguna subvención pública aclarando que sus negocios se ceñían estrictamente al ámbito privado, según fuentes de la defensa.
El exparlamentario popular, que no ha dado detalles sobre el tipo de subvención a la que se han referido en la pregunta, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por cobrar supuestamente comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación, lo que le exime de tener que responder en esta causa a cualquier pregunta relacionada con la abierta en la Audiencia Nacional.
Por su parte, el exdiputado popular Alejandro Ballestero, también citado en calidad de testigo, ha sido preguntado por la relación comercial entre Mind Talent Selection SL, sociedad de la que era administrador, con Sirga. Su comparecencia ante el juez, que ha calificado de "surrealista", apenas ha durado diez minutos, al igual que en el caso de De la Serna.
CAUSA DE LLORENTE ARCHIVADA
El juez archivó las causas en calidad de investigado tanto de Ballestero como del administrador de Construcciones Llorente S.A (Collosa) Alejandro Llorente, quien el pasado mes de enero dijo ante el juez que firmó un contrato con la empresa de Martínez Pujalte, según consta en una factura a Corporación Llorente del 27 de noviembre de 2008 por importe de 15.000 euros.
La causa, que procede de los Juzgados de Valladolid, se abrió después de la denuncia interpuesta por Torme en la que detalló cómo ella cobró por labores de dirección y gestión de la empresa Sirga hasta que se desvinculó en 2011 al ver que la empresa "estaba en manos" de Martínez Pujalte, por lo que vendió sus participaciones en noviembre de dicho año por 5.250 euros.
Asimismo, la que fue socia de Sirga indicó que Martínez Pujalte tampoco le dijo que anteriormente ese trabajo de asesoramiento lo desempeñó otro exdiputado del PP y exministro de Defensa Federico Trillo. A ambos se les atribuye los delitos de cohecho y falsificación de documentos.
En el año 2009 Torme percibió un sueldo de 19.956 euros, mientras que en atención a su doble cometido Martínez Pujalte se embolsó 40.880. El reparto en 2010 fue de 27.456 euros para Torme y 65.706 para Martínez Pujalte, mientras que en 2011 el reparto fue de 35.380 para la primera y de 96.456 euros para su socio.