El Govern temía llegar a un "impago selectivo" de deuda con la independencia y planteaban renegociar con los bancos

"Cómo lo hacemos si nuestro único financiador es el FLA", anotó Jové en su agenda donde se revela que crearon un "grupo de trabajo de deuda"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Carles Puigdemont temía la posibilidad de llegar a un "impago selectivo" de deuda con la independencia y así lo reflejó el secretario de Economía y Hacienda, Josep María Jové, en su Moleskine, la ya conocida como 'agenda del procés', donde afirma que había crédito del que les podían pedir la cancelación anticipada si había "selective default". La preocupación por la deuda se ve reflejada en el hecho de que crearon un "grupo de trabajo de deuda" para analizar la forma de afrontar este asunto y, entre otras cosas, planteaban renegociar principal e intereses con los bancos, recortar gastos y aumentar los ingresos por impuestos.

Así aparece en una anotación del 17 de marzo de 2016, donde el hombre que era la mano derecha de Junqueras escribe, entre los objetivos, tener la información del estado del endeudamiento, los vencimientos y los tipos de interés. Y señala la advertencia de que les pueden reclamar el pago de parte de lo que deben de forma anticipada: "hay crédito que se puede pedir cancelación anticipada si hay selective default".

Aquí añade, además, la acusación al "Estado" de que les está "apretando" con este asunto para ponerles en dificultades con los vencimientos del crédito a corto plazo. Esta ha sido precisamente una de las peticiones recurrentes de Oriol Junqueras a Cristóbal Montoro durante todo el tiempo que ha sido vicepresidente de la Generalitat: que el ministro les autorizara a transformar la deuda a corto plazo en deuda a largo. La petición se debía a las dificultades que el Gobierno de Puigdemont estaba teniendo para pagar los vencimientos a corto.

Sin embargo, el Ministerio no accedió nunca a esta petición ya que la deuda a largo plazo de las comunidades autónomas acaba siendo respaldada por el Estado y financiada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y Hacienda quería que Cataluña, como el resto de regiones, se responsabilizara de sus vencimientos a corto.

ENDEUDAMIENTO COMO "ARMA POLÍTICA"

Por ello, Jové anota en su agenda que este impedimento en transformar la deuda a corto en deuda a largo suponía utilizar el "endeudamiento" de Cataluña "como arma política".

Este asunto vuelve a abordarse con motivo de la negociación de los Presupuestos con la CUP. En mayo de 2016, Jové vuelve a hablar del "impago de deuda" y añade: "renegociación deuda con bancos, renegociación intereses y principal". Acto seguido da a entender que "a corto plazo no se puede" dejar de pagar la deuda.

AUMENTAR RECAUDACIÓN CON MAS IMPUESTOS

Esta anotación está encuadrada en un anexo sobre "proceso constituyente" en el que se fijan 5 ejes. El primero de ellos es la reducción de gastos simbólicos en más de 270 millones de euros y un "plan de choque". En segundo lugar, un aumento de ingresos con "más recaudación, más progresividad" en los impuestos, lucha contra el fraude, recuperación de la recaudación que tenían en 2008 por impuesto de sociedades, justo antes de la crisis y la aplicación de "nuevos impuestos".

Incluso contemplan recuperar los impuestos que ha anulado el Tribunal Constitucional, entre estos están el que pretendían fijar a las centrales nucleares, el canon digital o el impuesto a los depósitos bancarios.

Pero el asunto de la deuda es recurrente en la 'agenda del proces' y en otro de los apuntes, Jové anota: "RUPTURA: Tope de déficit: cómo lo hacemos si nuestro único financiador es el FLA. Cómo lo hacemos para romper dependencia de la deuda al mismo tiempo".

De hecho, la mayor parte de la deuda de la Generalitat catalana es con el FLA, 53.600 millones de euros de los casi 70.000 millones que debe. Es decir, que el Gobierno, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, es el principal financiador de Cataluña. El resto de la deuda es a largo plazo con los bancos, sobre todo extranjeros, fórmulas de financiación público-privada y líneas de crédito a corto plazo, unos 4.400 millones de euros.