El PP se acogerá al archivo judicial de las escuchas y las actas del Parlamento catalán para cerrar la investigación en dos meses
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios pretenden reclamar documentación al Ministerio del Interior y a la Generalitat y al Parlamento catalanes para poner en marcha la comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidista que esa cartera hizo en la etapa de Jorge Fernández Díaz.
'Populares' y socialistas no quieren que la comisión se convierta en un 'circo' y calculan que los trabajos públicos habrán acabado a finales de mayo para centrarse en la otra comisión de investigación aprobada, la relativa a la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorro. El archivo judicial del caso y las actas del Parlament, serán los documentos en los que se base el PP para tratar de cerrar la investigación en breve plazo.
El PP, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos están ultimando sus propuestas para el plan de trabajo de la comisión, que pondrán en común el próximo martes, 21 de marzo, pero que han de registrar en el Congreso este mismo viernes.
Aunque algunos de los grupos consultados por Europa Press aseguran que ya tienen pensada buena parte de los comparecientes que pretenden que desfilen por esa comisión, en el encuentro de la próxima semana no se prevé a priori que se pongan aún los nombres encima de la mesa.
FERNÁNDEZ DÍAZ Y DE ALFONSO, TESTIMONIOS FIJOS
No obstante, todos dan por seguras las explicaciones de Fernández Díaz y del ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, como protagonistas de las conversaciones difundidas y que, según el PSOE, dejan en evidencia que el exministro organizó una "policía política" que actuó "fuera de la legalidad para perseguir a adversarios políticos". Su comparecencia parlamentaria dependerá, no obstante, de su delicado estado de salud.
Lo que principalmente pondrán en común todos los grupos la próxima semana será el calendario con el trabajará la comisión de investigación y la metodología. El propio presidente de este órgano, el peneuvista Mikel Legarda, les sugirió que pensaran primero en la documentación que verían necesario que la comisión tuviera en su poder para, posteriormente, cada grupo diseñara su propio listado de comparecencias.
Así, el PP, el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PDeCAT pretenden solicitar al Ministerio del Interior el informe que Fernández Díaz ordenó realizar a la Policía Judicial sobre las escuchas y que dio pie a la Fiscalía para archivar las diligencias.
Los socialistas plantearán, no obstante, delimitar el tiempo de respuesta (un mes) con el que cuenta el Ministerio del Interior ante las demandas de información que le reclame la comisión de investigación.
Además del auto del archivo de la querella de CDC contra Fernández Díaz y De Alfonso que dictó el Supremo, los 'populares' también demandarán al Parlamento catalán las actas de la declaración del que fuera director de la Oficina Antifraude Catalana.
¿Y EL CNI CATALÁN?
Ciudadanos, por su parte, pretende pedir documentación al Govern catalán sobre el supuesto 'CNI catalán', un grupo de mossos d'Esquadra que, según apuntó la prensa, recibió órdenes del equipo del president Artur Mas para viligar a miembros del PSC, PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC) y las CUP.
A la reunión de este martes, el PP también tiene previsto llevar el calendario que con el que le gustaría que trabajara la citada comisión, que considera que no debería alargarse más allá de finales de mayo con el fin de que, en lo posible, coincida el menos tiempo posible con la comisión de investigación sobre el rescate bancario, que debe quedar constituida antes de que acabe abril.
El PSOE coincide en este planteamiento, si bien pretende que al menos se celebren dos tandas de comparecencias y que cada grupo tenga un cupo máximo de cinco propuestas, lo que supondría que por esa comisión desfilaran en torno a medio centenar de personas en un plazo de dos meses.
Sin embargo, el PP no apoya esta tesis porque considera que en un primer turno no debería haber más de dos o tres comparecientes, entre los que sitúa ya a Fernández Díaz y De Alfonso. Aunque es consciente de que no cuenta con mayoría absoluta y que la oposición demandará más comparecientes, el PP defiende que esa comisión "seriedad" y ceñirse al objeto para la que ha sido creada y no que ésta se convierta en un "circo".
Para esa comisión el PSOE también planteará que haya cuestionarios previos para los comparecientes, similares a los que existen en el ámbito judicial, si bien el PP ya avanza que esta propuesta no se ajusta al Reglamento.
NI RAJOY, NI LOS COMISARIOS
Además de Fernández Díaz y De Alfonso y posiblemente el exdirector de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, los grupos, entre ellos ERC y PDeCaT, también se plantean citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Los independentistas catalanes y Unidos Podemos también quieren llamar a la presidenta del PP catalán y actual secretaria primera de la Mesa del Congreso Alicia Sánchez Camacho, y al jefe de gabinete del presidente, Jorge Moragas, después de que el diario 'Público' publicara que fueron los urdidores de la llamada 'Operación Cataluña'. Ambas propuestas no contarán con aval del PP.
Asimismo, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT también tienen previsto reclamar en a la comisión de investigación a los mandos policiales que acompañaron a Fernández Díaz durante su etapa en el Ministerio del Interior, entre ellos al comisario José Villarejo, ya jubilado, quien declaró en sede judicial haber trabajado hasta el año 2012 en cuestiones relativas al secesionismo catalán, en lo que se conoce como 'Operación Cataluña', para intentar desacreditar a políticos catalanes.
Sin embargo, tanto 'populares' como socialistas comparten la idea de que la comisión de investigación no puede convertirse en un "circo" y piensan hacer valer sus votos --en esa comisión rige el voto ponderado-- para echar por tierra la pretensión de usar el Congreso como altavoz de los comisarios, varios de ellos implicados en investigaciones judiciales abiertas.