La Guardia Civil avisa al juez de la presunta 'criptoestafa' de Nimbus de que la empresa se ha traspasado a un griego

Se estima que hay más de 300 afectados y un posible fraude de 135,8 millones de dólares

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha constatado un cambio en la propiedad de Nimbus y ha informado al juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón de que la empresa radicada en Malta e investigada por una presunta estafa con criptomonedas pertenece ahora a Odysseas Kimiskez, un ciudadano griego que se ha hecho con todas las acciones.

En un oficio del 10 de octubre al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) comunica al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 que Nimbus ya no está en manos de Andrea Zanon y Jesús Javier García, dos antiguos directivos que figuran como personas denunciadas por la supuesta 'criptoestafa'.

La UCO precisa en su oficio que Nimbus se registró como sociedad en Malta en enero de 2020 con el financiero italiano Zanon como primer director ejecutivo (CEO). Además, ejerció hasta el verano de ese año los cargos de representante legal y judicial y secretario.

Nimbus se constituyó con un capital social de 1.200 euros divididos en acciones de un euro, siendo Zanon el que tuvo todas ellas hasta junio de 2020, cuando las transfirió a otra empresa maltesa que, a su vez, acabó traspasándolas a Odysseas Kimiskez.

Así, "en la actualidad", Odysseas Kimiskez ejerce de CEO, director, representante legal y judicial y de secretario, además de ser "el titular de todas las acciones de la sociedad", según la UCO.

Respecto a los denunciados a los que se ha podido identificar "hasta la fecha", la UCO señala que Zanon, que tiene un domicilio en Madrid, está "actualmente en paradero desconocido", mientras que a García lo sitúan en la capital española viviendo con su familia.

La Benemérita indica al juez instructor que, aunque el despacho Aránguez representa a 376 afectados, "no es descartable que haya más personas afectadas". Al mismo tiempo, le informa de que continúa con las pesquisas para la identificación y localización de los responsables y la recuperación de los capitales objeto del delito.

ORIGEN DEL CASO

Cabe recordar que en marzo de este año el Tribunal Supremo instó a la AN a investigar la presunta criptoestafa millonaria cometida por Nimbus, que habría afectado a más de 200 personas y que la Guardia Civil cifró en un total de 135,8 millones de dólares.

Apreciando un posible delito de estafa y la nacionalidad española de algunos denunciados, el Supremo entendió que los supuestos hechos delictivos son competencia de la AN, después de que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Huelva se inhibiese en favor del tribunal.

La causa echó a andar tras la denuncia presentada por un particular que aseguraba haber invertido 9.000 euros en Nimbus. Con sus primeras comprobaciones, la Guardia Civil desveló que la empresa maltesa ofrecía en internet servicios de inversión en un sistema automatizado de arbitraje de criptomonedas entre casas de cambio

En octubre de 2020, unos días después de que el denunciante depositase esa cantidad de dinero, la compañía habría suspendido todas sus operaciones, quedando bloqueadas las retiradas de capital y los pagos de beneficios, sin que hasta la fecha le hubiera sido posible retirar los fondos que había depositado en la plataforma.

Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se había emitido una advertencia al público en noviembre de 2020 comunicando que Nimbus no estaba autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en la Ley del Mercando del Valores.

Por su parte, fuentes de Nimbus señalaron a Europa Press que confían en los tribunales y en las instituciones judiciales españoles para determinar la verdad, mostrándose abiertos a cualquier investigación por parte de cualquier entidad en España y en el resto del mundo y ofreciéndose a responder cualquier pregunta.