Un guardia civil jubilado y el responsable del depósito judicial de Murcia, entre los detenidos por el 'caso Koldo'

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un guardia civil jubilado que trabajaba en el Ministerio de Transportes figura entre los detenidos y puestos en libertad por su presunta relación con la investigación del caso de corrupción por el que ha sido detenido Koldo García, el que fuera escolta y asesor del titular de esta cartera y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

La detención de este guardia civil jubilado ha sido adelantada por 'El Plural' y confirmada a Europa Press por fuentes de la investigación. El exmiembro del Instituto Armado está en situación de reserva, ya retirado del cuerpo, y los mismos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que lo arrestaron, posteriormente, lo dejaron en libertad tras tomarle declaración.

Las mismas fuentes confirman que entre los arrestados y puestos en libertad en esta operación por fraude mediante presuntas mordidas en la contratación de material sanitario durante la pandemia de Covid-19 figura también un empresario murciano.

Dicho empresario es el responsable del depósito judicial de Murcia, las instalaciones donde se custodian bienes incautados en operaciones policiales y judiciales, en algunos casos pertenencias de lujo como coches, barcos o joyas.

EN LIBERTAD KOLDO GARCÍA Y OTROS TRES DETENIDOS

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado este jueves la puesta en libertad de Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos; de su hermano Joseba García; del presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama; y del empresario vasco Íñigo Rotaeche.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado dejarles en libertad después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya solicitado prisión para ninguno de ellos y toda vez que los cuatro se han acogido a su derecho a no declarar.

Con todo, el magistrado ha impuesto medidas cautelares tanto para el exasesor de Ábalos como para De Aldama, que deberán presentarse en el juzgado cada 15 días. El instructor también ha fijado la prohibición de salir del territorio nacional y les ha retirado el pasaporte.

Por su parte, para Íñigo Rotaeche acuerda la prohibición de salir del territorio y la retirada del pasaporte; en cambio, Joseba García ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares.

Tras la decisión del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, los cuatro detenidos han abandonado juntos las dependencias de la Audiencia Nacional y ninguno de ellos ha realizado declaraciones a los medios que se concentraban a su salida.

CONTRATOS DE FOMENTO, INTERIOR Y CCAA

La investigación apunta a Koldo García y Víctor de Aldama como los cabecillas de la presunta trama corrupta, por lo que indaga en el enriquecimiento ilícito y el incremento patrimonial mediante mordidas en contratos durante la pandemia, por una cantidad que supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.

Las citadas fuentes relacionan a Víctor de Aldama con Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, la mercantil señalada como clave en la presunta trama por ser la que contrataba con las administraciones públicas.

Los agentes pusieron a disposición del magistrado finalmente a cuatro de los detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19, cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como a las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.

La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, afecta a una veintena de personas por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

También se han efectuado 26 registros o requerimientos. Las fuentes consultadas indican que los mismos se han extendido hasta las 4.00 horas de la madrugada del miércoles y que, en alguno de esos registros, los agentes se han encontrado con cajas fuertes vacías.

LOS CONTRATOS SUPERAN LOS 50 MILLONES

El PP de Madrid ha reaccionado a las detenciones remitiéndose a su denuncia en marzo de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción en la que trasladaba sus sospechas sobre la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, al pasar de una cifra de negocios de cero euros en 2019 a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, lo que relacionó con tres contratos tramitados por el procedimiento de urgencia para material contra el Covid.

En su denuncia, el PP de Madrid recopilaba una docena de adjudicaciones sospechosas durante la pandemia por 326 millones de euros. En este sentido, mencionaba el contrato de suministro de mascarillas profilácticas, adjudicado por Presidencia del organismo público Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la etapa de Ábalos.

Se adjudicó el 21 de marzo de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. por un valor de 24,2 millones de euros, según consta en la denuncia del PP. Se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por el que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación de forma directa.

Otro de los contratos, de 27 de marzo de 2020, se adjudicó a la referida empresa para el suministro de cinco millones de mascarillas FFP2, por un valor de 12,5 millones de euros con el mismo procedimiento de adjudicación directa.

En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez, el secretario de Estado de Seguridad, quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3,4 millones de euros.

En este contexto, agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre las presuntas mordidas.

La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Fuentes del Ministerio del Interior reaccionaron a la información señalando que "no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto".