Señala que están protegidas por la ley de Secretos Oficiales y que, de darlas, pondría en peligro la seguridad de los agentes
MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil responde al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que abrió investigación a un brigada por presuntamente colocar balizas de seguimiento sin autorización judicial, que no puede facilitar los nombres de los compañeros del agente investigado y que pertenecen a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid (UOPJ) porque esas identidades están clasificadas como secreto.
Así consta en un oficio remitido al juez el pasado 16 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el capitán jefe de la UOPJ explica al juez que si cumple su mandato y confirma que los nombres señalados corresponden a alguno de los agentes de esa unidad "podría causar un perjuicio irreparable para la seguridad personal de los agentes destinados a la lucha contra el crimen organizado".
Este oficio fue enviado al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 seis días después de que Pedraz acordara, siguiendo el criterio de la Fiscalía, enviar a los juzgados de instrucción de Madrid la investigación que seguía contra ese dado que los delitos investigados no eran competencia de la Audiencia Nacional.
No obstante, en su oficio, el capitán recuerda al juez que todos los integrantes de la Guardia Civil disponen de la tarjeta de identidad profesional (TIP) que es un documento "oficial, personal e intransferible" que acredita su condición de agente de la autoridad. Apunta que con este número se garantiza la privacidad de los datos personales en actuaciones profesionales, y más "cuando se trata de asuntos de gravedad relacionados con el terrorismo o el crimen organizado".
Al hilo, recuerda que ha de tenerse en cuenta que en 2014 el Consejo de Ministros acordó otorgar la clasificación de secreto a "la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados (...) en la lucha contra la delincuencia organizada así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".
Entiende que el nombre de pila de los agentes que le reclama el juez también están incluidos en esa protección jurídica y por tanto "informar de ellos podría vulnerar la legislación en materia de Secretos Oficiales".
Por otro lado, recuerda que la investigación abierta al agente que habría confesado a su supuesta amante, mientras ella le grababa, esos balizamientos ilegales y la presentación de informes sobre vigilancias que nunca se produjeron, se enmarca en una causa de la Audiencia Nacional relativa a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
Y apunta que desde que se produjeron las detenciones de los encausados en mayo de 2021, la fuerza instructora ha sido sometida por la defensa de los investigados a nueve actuaciones judiciales y administrativas por hechos relacionados con el procedimiento sin que prospere ninguna de ellas.
Considera así que se da una estrategia de "hostigamiento hacia los investigadores" para "menoscabar su estado de ánimo y ralentizar o enturbiar el procedimiento judicial". En este sentido, apunta que han tenido conocimiento de amenazas veladas de investigados contra la seguridad de los agentes: "Entendemos que la finalidad no es otra que amedrentarlos".
LAS GRABACIONES A SERGIO B.
Cabe recordar que Pedraz decidió investigar al sargento de la Guardia Civil Sergio B. tras conocer que habría confesado a una amiga íntima que colocó balizas de seguimiento de forma ilegal y que presentaba informes sobre vigilancias que nunca se produjeron.
En su declaración ante el juez, el agente dijo que todas las conversaciones que le grabó su amante y en las que confesaba esos ilícitos eran inventadas por él para seguirle la corriente pues suponía que tenía algo que ver con esa red de narcotráfico que investigaba.
Según adelantó 'Economist & Jurist', y pudo confirmar Europa Press, las grabaciones al sargento fueron aportadas por una de las defensas en el marco de una pieza separada --de blanqueo-- en el seno de una causa abierta por Pedraz por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal.
En la transcripción que la defensa hacía de una de esas conversaciones, el agente señalaba en un momento dado a su amiga que una baliza que había colocado era "ilegal". "Yo soy el más ilegal de los ilegales", reconocía para luego apuntar que, incluso, llegaron a grabar interrogatorios a detenidos en los traslados en el propio coche policial.
El escrito de la defensa denunciaba que esas vigilancias sobre los investigados no se efectuaron, y lo acreditaban señalando que mientras las actas ubican a los agentes de ese grupo al que pertenecía el sargento en seguimientos de este caso, "en realidad se encontraban en su unidad realizando gestiones relacionadas con el (caso) 8-M". Y lo acreditaba aportando metadatos de correos electrónicos y de impresoras utilizadas, así como citaciones para testigos firmadas por agentes de esa unidad.
La defensa explicaba que el origen de los audios captados al sargento se encuentra en las grabaciones de la mujer con la que mantuvo una relación sentimental de meses y que, "casualidad inesperada", resultó ser amiga también de uno de los investigados en la AN. Dado que vio que las ilegalidades que le contaba el sargento afectaban a su amigo, y puesto que le había grabado y guardaba conversaciones de Wahtsapp, lo puso en conocimiento de este último y le manifestó que estaba dispuesta a colaborar en la investigación.
La defensa, que envió los audios a Pedraz, ya consideraba que la causa que se pudiera seguir contra el suboficial de la Guardia Civil no se debería ventilar en la Audiencia Nacional, pero añadía que dado que esos informes "falsos" elaborados por los agentes surtían efecto en la causa que se sigue en la AN, "la aportación de la prueba de su mendicidad y de las prácticas ilegales (...) resulta un elemento indispensable para la toma de decisiones judiciales" en el procedimiento.
Recordaba además que, incluso antes de que en esa grabación el agente confirmara la existencia de balizas ilegales en vehículos, ya fueron detectadas por "múltiples investigados" y llegó a ser objeto de una querella.
Y añadía que en atestados incluidos en la causa existían "graves incoherencias" tales como afirmar en un acta de vigilancia que una persona era titular de un vehículo cuando no lo fue hasta meses después. "Claramente pone de manifiesto que la vigilancia no se realizó y que su falsa acta se redactó --con suma torpeza-- a posteriori", explicaba.
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