La Guardia Civil toma declaración a ocho empleados del CTTI y de la Consejería de Exteriores de la Generalitat

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está tomando declaración esta semana a ocho empleados del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de Cataluña y de la Consejería de Exteriores, que dirigía Raül Romeva, en el marco de las investigaciones para esclarecer la organización del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre.

Los empleados prestarán declaración en calidad de testigos. Ayer lo hicieron ya tres personas y a lo largo del día de hoy y de mañana lo harán el resto, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

La organización del 1 de octubre está siendo investigada por varias instancias judiciales --el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona-- y el Instituto Armado tiene peticiones recientes del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre cuestiones que afectan al CTTI y a la Consejería de Exteriores de la Generalitat.

De hecho, el pasado 24 de enero, los investigadores se personaron, a petición del juez, en la sede del CTTI, en L'Hospitalet de Llobregat, para obtener el volcado de los correos electrónicos del expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, los exconsejeros de su Ejecutivo, la Mesa del Parlamento regional de la anterior legislatura y de los representantes de los grupos parlamentarios.

Ese mismo día también requirieron en las sedes de ANC y Òmnium el volcado de los correos electrónicos de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart desde mediados de 2016 hasta finales de octubre de 2017. En su auto, el juez solicitaba además los mensajes de otras personas vinculadas al proceso independentista como el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer --el presunto artífice de las leyes de desconexión--, el exsecretario de Economía Pere Aragonès, el exdirector de la oficina del expresidente Artur Mas Joan Vidal y los directores de las oficinas para el autogobierno Víctor Cullell y Josep María Reniu.

Sin embargo, el juez Llarena se vió obligado a emitir una nueva providencia el pasado lunes en la que insiste al CTTI para que entregue todos los correos electrónicos de estos 32 dirigentes independentistas, después de que la Guardia Civil le comunicara que el citado departamento de la Generalitat no había aportado toda la información que le había solicitado.

El magistrado señalaba en su nueva orden que el Centro "no entregó los mensajes correspondientes a la totalidad de las direcciones que estaban asignadas a las personas que se mencionan en el auto", reclamaba que de manera "inmediata" pusiera toda la información a disposición de la Guardia Civil y pedía, además, que se indicaran los motivos por los que el CTTI no dio "cumplimiento inicial" a lo solicitado.

PAGOS AL CENTRO HOLANDÉS QUE ENVIÓ OBSERVADORES AL 1-O

Pero además de ésta, entre las órdenes del Tribunal Supremo está la petición de investigar los pagos que realizó la Delegación de Cataluña en la UE, con sede en Bruselas, al Centro holandés que envió los observadores al referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Se trata de dos pagos que suman un total de 119.700 euros y que se transfirieron al The Hague Centre for Strategic Studies entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre.

El magistrado pidió que se investigaran tres cuentas corrientes abiertas por la Delegación de Cataluña ante la Unión Europea, que dependía de la Consejería de Raül Romeva, en una sucursal de Bruselas y más en concreto los detalles de tres transferencias efectuadas entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre del pasado año por importe total de 139.700 euros: 58.250 euros, con destino a The Hague Centre for Strategic Studies; 61.450 a la misma destinataria y de 20.000 euros para la Delegación del Gobierno catalán en Croacia.

CORREOS CIFRADOS POR EL CESICAT

Además de estas peticiones del juez del Tribunal Supremo, la Guardia Civil también realizó el volcado, en el CTTI, de los correos de al menos once dirigentes de la Generalitat en el marco de la operación "Anubis", que llevó a cabo el pasado 20 de septiembre por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

En aquella operación se volcaron los correos electrónicos de, entre otros, los de la mano derecha de Oriol Junqueras Josep María Jové, del secretario de Hacienda, Josep Lluis Salvadó y Josué Sallent, director de Estrategia e Innovación del CTTI. Además de los ya mencionados, se hicieron con los correos de Xavier Puig Farré, Toni Vargas, Josep María Sevilla Reig, David Palanques, Mercedes Martínez Martos, Josep Ginesta, David Franco y Joan Angulo.

Una vez analizados, los investigadores pudieron comprobar que algunos de estos correos eran ilegibles ya que se encontraban cifrados mediante certificados digitales emitidos por el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, Cesicat.

Por este motivo los agentes solicitaron al juez que pidiera al CESICAT una copia de los duplicados de los certificados digitales personales de las cuentas de correo de estos once cargos de la Generalitat catalana; el código PIN de cada uno de ellos y los certificados digitales y complementarios para el cifrado/lectura de los correos.

El cambio de las claves de los terminales móviles y ordenadores de la Generalitat en los que se manejaba información sensible se realizaba cada 15 días, según consta en uno de los correos del CESICAT, al que ha tenido acceso Europa Press, que se encontraba en el buzón de una de las secretrias de Josep Lluis Salvadó.