Guardias civiles celebran la detención de Karim, pero piden responsabilidades por el mal diseño del operativo en Barbate

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de la Guardia Civil han celebrado la detención de Karim E.B., acusado de ser el piloto de la narcolancha que arrolló y asesinó a dos agentes en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero, un arresto que supone un "importante avance" para esclarecer lo ocurrido y que otros tres presuntos implicados sean puestos a disposición judicial. También han pedido que haya "responsabilidad en todos los niveles" por la "mala planificación" del operativo.

JUCIL ha celebrado la localización de Karim, ciudadano marroquí de 32 años, mostrando su confianza en que "se haga justicia con las víctimas de este gravísimo delito".

La asociación ha mostrado su deseo de una "pronta detención" de que los otros tres implicados en estos hechos, sobre los que se ha solicitado órdenes de detención internacional por parte de la Guardia Civil.

En un comunicado, JUCIL ha recordado que cuando ocurrió el doble asesinato pidieron la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, quien recientemente ha dejado el cargo.

"La mala planificación y la falta de medios adecuados fueron factores clave en que la operación finalizara con la muerte de dos compañeros", ha señala JUCIL, para enfatizar que la situación no se puede dejar pasar sin una investigación profunda.

AUGC ha valorado la "magnífica noticia" del arresto en la provincia de Cádiz anunciado este jueves por la Guardia Civil. En su opinión, demuestra el "arduo trabajo que han ido realizando los compañeros guardias civiles para proceder a la detención de este asesino".

"También queremos subrayar la importancia de que finalmente los responsables de estos actos vayan a ser llevados ante la Justicia", han añadido desde AUGC, arremetiendo en un comunicado contra el operativo diseñado en Barbate.

Según AUGC, "los hechos y declaraciones de los guardias civiles supervivientes demostraron que se produjo un delito contra los derechos de los trabajadores por la inaceptable configuración del servicio, que estuvo plagado de errores de coordinación y falta de medios".