MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno levantará la intervención de las cuentas de la Generalitat de Cataluña acordada el pasado mes de septiembre cuando se constituya un nuevo Ejecutivo autonómico surgido de las elecciones del 21 de diciembre, han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda.
Aquellas medidas se tomaron "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que estaba incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont, según anunció el propio ministro Cristóbal Montoro tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó esa intervención.
Las medidas supusieron, entre otras cosas, que el Estado asumiera el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas de los empleados públicos, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. El Ejecutivo controla desde entonces buena parte de los 1.400 millones mensuales que libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.
Fuentes de Hacienda han explicado que estas medidas excepcionales se decidieron después de que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicara al departamento de Cristóbal Montoro que no iba a informar semanalmente de los gastos y que se atenía a la nueva legalidad aprobada por el Parlament, las conocidas como leyes de desconexión.
Pero una vez que se celebren las elecciones autonómicas de diciembre y se constituya un nuevo Gobierno dentro de las normas constitucionales, el Ejecutivo suspenderá estos controles. Tendrá que ser de nuevo mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la misma que los decidió en septiembre y los envió al Consejo de Ministros para su ratificación.
LO MISMO OCURRIRÁ CON EL 155
Las mismas fuentes subrayan que la constitución de un Ejecutivo catalán será ya dentro de la legalidad y no tendrá que asumir medidas aplicadas a un gobierno previo que se situó fuera de la ley.
Es lo mismo que ocurrirá con las medidas decididas al amparo del artículo 155 de la Constitución, que también se levantarán cuando se forme un nuevo Govern de la Generalitat y al margen de cuál sea su ideología. Las fuentes consultadas insisten en que se trata de atenerse a la ley, de cumplir con la Constitución, aunque el nuevo Ejecutivo sea de nuevo de corte independentista.
Aclaran sin embargo que si este nuevo gobierno vuelve a salirse de la legalidad para emprender la vía secesionista, será necesario tomar otra vez medidas similares, con la puesta en marcha de un nuevo 155 o nuevas medidas de intervención.