Hacienda niega control sobre los peritos de la Agencia Tributaria que operan en los juzgados en los casos de corrupción

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno niega que exista un control sobre la designación de los peritos fiscales que operan en los juzgados en los casos de corrupción y asegura que la Agencia Tributaria (AEAT) se limita a proponer candidatos y que son los jueces los que tienen la última palabra en el nombramiento.

Ésta es la respuesta que ha dado a la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien pedía conocer las razones por las que se ha modificado el proceso de selección de los peritos fiscales que trabajan en los juzgados en casos de blanqueo de capitales o corrupción.

La líder magenta basaba su interrogante en una instrucción remitida a los directores y delegados de la Agencia Tributaria en la que se apuntaba que será el director de esta institución, "cargo de confianza nombrado por el Gobierno", el encargado de elegir a estos peritos judiciales.

¿DISCRECIONALIDAD EN LA ELECCIÓN?

Un método de elección que, "dada su discrecionalidad", según denuncia UPyD, puede "interferir" en el proceso de instrucción de casos tan importantes como el 'caso Urdangarín' o el "'caso Bárcenas-PP'" y "limitar" la acción de la acción judicial de forma "significativa".

En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo aclara que los peritos fiscales "no son designados directamente" por la Agencia Tributaria, sino que ésta realiza "únicamente una propuesta".

En concreto, de acuerdo con la instrucción por la que pregunta UPyD, los delegados especiales formulan una propuesta a los jueces solicitantes de su ámbito territorial con el nombre del o de los funcionarios adscritos a su Delegación Especial que podrían asistirle, y es el juez el que lleva a cabo la designación.

YA NO ACTÚAN COMO FUNCIONARIOS DE LA AEAT

Y añade que si el juez o el tribunal solicitante lo considera oportuno, nombra peritos a los funcionarios propuestos y los cita para que acepten formalmente el cargo para que pasen a trabajar a sus órdenes en la causa de que se trate, "en la que no actúan ya como funcionarios de la Agencia Tributaria".

"Ello implica, de un lado, que no deben informar a la Agencia de su labor de peritaje ni ningún órgano de la Agencia puede inmiscuirse en su tarea pericial y, de otro lado, que no tienen acceso a las bases de datos de la Agencia, salvo que el juez lo solicite, en cuyo caso son autorizados sin ningún problema", recalca el Gobierno.