Dice que el expresidente le trasladó "una presión ambiental, laboral y mediática alterando" su "forma de vida"
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La futbolista Jennifer Hermoso ha recurrido la sentencia dictada contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales --que fue condenado a 18 meses de multa por agresión sexual- pidiendo que también sea condenado por las coacciones a las que se vio sometida, asegurando que "las amenazas y consecuencias" de las mismas que recibió "eran reales".
En su recurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recogido por Europa Press, la representación de la jugadora solicita que tanto Rubiales como el exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, sean condenados a 1 año y 6 meses de cárcel por el delito de coacciones.
En caso de no acceder a esta pretensión, y de forma subsidiaria, su abogado pide que se revoque la sentencia en cuanto al delito de agresión sexual respecto de Rubiales y que, en lugar de la multa a la que fue condenado, se le imponga un año de cárcel.
En su recurso, el letrado de Hermoso critica que el magistrado José Manuel Fernández Prieto considerase en el fallo que "no existe descrito ningún acto de violencia o intimidación sobre" la jugadora "directamente dirigido a impedir hacer lo que la ley no prohíbe o compeler a efectuar lo que no quiere".
"La sentencia omite todo razonamiento sobre determinas pruebas practicadas en el plenario, dejando huérfano de todo razonamiento sobre su valoración para poder entender la construcción intelectual de la resolución y que podrían llevar a una condena de los acusados por este delito", lamenta.
AMENAZAS QUE PODÍAN "MATERIALIZARSE"
Su abogado sostiene que "Jennifer recibió los mensajes y percibió que las amenazas y consecuencias eran reales y que por la posición jerárquica" que ocupaban en ese momento los acusados "no existe ninguna duda de que pueden materializarse, generando el miedo suficiente, como para hacerla llorar y temer las represalias".
"El presidente de la RFEF trasladó sobre la víctima una presión ambiental, laboral y mediática para forzarla a decir algo que no sentía y que tampoco ocurrido, es decir, que existió consentimiento para el beso; hechos que a nuestro juicio encajan perfectamente en la violencia psicológica descrita en el elemento del tipo penal, alterando la forma de vida de la jugadora quien se vio perseguida por los miembros de la RFEF y por la prensa (no por el mérito deportivo, sino por el beso no consentido) teniendo incluso que irse de Madrid para quitarse la presión", critica.
En su recurso, el letrado repasa los acercamientos -que cifra en ocho-- de los acusados a Hermoso y su entorno desde que Rubiales le propinase el beso no consentido tras la entrega de medallas del Mundial de 2022. Uno de ellos, a cuenta del comunicado que se trató de publicar para frenar el impacto que ese momento estaba teniendo en la opinión pública.
Así, destaca que los entonces dirigentes de la RFEF trataron de "obligar a la jugadora a hacer lo que no quería, en contra incluso de sus propios sentimientos de rechazo ante el beso, alterando su momento vital de celebración y sin respetar su dignidad como mujer". Todo ello, añade, "aplastando su sensibilidad y aprovechando la debilidad del momento que solo tendría que ser de celebración y descanso, nunca de estrés para hacer un comunicado".
"Es difícil imaginar más presión que la de hacerse pasar por la propia víctima, poniendo en su boca palabras que nunca pronunció, ni quiso pronunciar y hacerlo público en la prensa para generar un estado de opinión que la obligaran a cambiar su opinión sobre la agresión sexual y, con ello, proporcionar una cobertura al agresor para mantener que el beso fue consentido", destaca el recurso.
"INTIMIDACIÓN SUFICIENTE"
El mismo también se refiere a los acercamientos al hermano de Jenni, Rafael, y al amigo común de ambos, Vitorino. "A pesar de la negativa de Jennifer, el presidente envió al señor Vilda a hablar con la familia de la jugadora, haciendo caso omiso a la voluntad de la jugadora de dejar a su familia en paz, circunstancia que en si misma denota intimidación suficiente para presionarla a hacer lo que no ya había dicho que no quería hacer, el video indicando que el beso era consentido", recuerda.
El abogado de la futbolista española critica también el "inusitado interés de Rubén Rivera por cargar el teléfono de la jugadora" en el viaje de las campeonas del mundo a Ibiza, donde celebraban ese éxito. "Solo puede entenderse si forma parte de las instrucciones planificadas para obtener alguna declaración de Jennifer sobre el beso", opina.
Por todo ello, el letrado critica que el juez no entienda "que exista violencia o intimidación que pueda ser entendida como amenaza o coacción". "Lo que entendemos es una infracción de ley por inaplicación del concepto jurídico de intimidación, pues las consecuencias con las que amenazan provocan un estado de ansiedad en la jugadora suficiente para hacer lo que no quería hacer que en todos los casos es un video o comunicado para decir que la agresión sexual nunca existió", aduce.
Según el abogado de la jugadora, "la falta de anuncio de daño no siempre es equivalente a ausencia de intimidación, como tampoco desaparece el amedrentamiento cuando no exista una real intención de causar el mal sugerido".
USÓ SU "SUPERIORIDAD COMO PRESIDENTE"
Y es que, apunta, "siempre que el sujeto activo perciba que hay razones objetivas para infundir temor y que esa sospecha es materialmente adecuada para modificar la que sería la libre opción del destinatario, la instrumentalización de esa situación para la consecución de los fines que pretenden favorecerse integra el concepto legal de intimidación".
Desde su punto de vista, "el hecho de que no consiguieran su objetivo no quita relevancia penal a los hechos descritos, que como se ha podido comprobar son suficientes en número como para alterar la vida cotidiana de la víctima".
Respecto al delito de agresión sexual por el que fue condenado Rubiales -a multa de 10.800 euros--, la representación de Hermoso sostiene que el exdirigente utilizó "la fuerza para inmovilizar" a la futbolista y que utilizó "su superioridad como presidente de la RFEF", lo que le otorgaba "una posición de ventaja sobre la víctima".