Homs dice que apercibió a los medios que no emitieron cuñas del 9N porque era su "obligación"

Declara que no ve "ilegalidad" en la consulta, que no se convocó por escrito porque era "una decisión de componente político"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha reconocido este miércoles ante el Tribunal de Cuentas que apercibió por escrito a los medios de comunicación que no quisieron emitir las cuñas publicitarias de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y ha insistido en que de otro modo, habría "prevaricado" porque es el compromiso que adquieren las empresas cuando son concesionarias de licencias de radio o televisión.

En su declaración en el juicio por la responsabilidad contable en que el Govern de Artur Mas pudo incurrir con la organización y celebración del llamado "proceso participativo" del 9N, Homs, que ha declarado tras el propio Mas y las exconselleras Juana Ortega e Irene Rigau, ha explicado que comunicó al Consejo Audiovisual de Cataluña qué medios se negaban a emitir la propaganda porque era su "obligación".

"Las empresas titulares de concesiones radiofónicas o de televisión, en la medida en que son concesionantes, han adquirido la obligación de que en aquellas ocasiones en que decida el Govern que se tienen que proyectar unos pases, lo tengan que hacer. Es un compromiso que adquiere cuando le dan una concesión para que puedan emitir", ha declarado a preguntas de la acusación ejercida por Sociedad Civil Catalana, la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución, la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

Según ha dicho, se tomó la decisión de "ordenar a los concesionarios que emitan un spot en virtud del régimen concesional", pero no todos respondieron. "Tengo la obligación de aquellos concesionarios que no emiten mi spot, poner en conocimiento al Consell Audiovisual de Cataluña, que tutela estas concesiones, que estas frecuencias no han cumplido, porque las otras sí lo hicieron, con el requerimiento que había hecho", ha apostillado.

Homs no obstante ha incidido en que nada tiene esto que ver con el procedimiento por responsabilidad contable ya que "este expediente" de emisión publicitaria "fue facturado el 3 de noviembre y con un encargo inicial de 1,2 millones euros" pero cuando el Tribunal Constitucional suspendió la consulta el 4 de noviembre, "no se pudo" ejecutar. "Lo razonable es pensar si acaso, que no se pudo hacer ese encargo inicial, porque de hecho, se facturó por 698.000 euros", ha señalado.

EL 9N "NO VIENE DEL AIRE"

De hecho, Homs no ve "ningún albur de ilegalidad" en los expedientes del 9N, tampoco en los fondos con los que se compraron cerca de 7.000 ordenadores para el sistema educativo que se estrenaron en la jornada de votación, un total de 2,8 millones de euros que procedían del fondo de contingencia, al que habían llegado de la partida prevista para la consulta inicial después de que el Tribunal Constitucional la prohibiese. "En un contexto de restricción económica, se aprovecha todo", ha comentado, en relación a la legitimidad que en su opinión tiene el uso de este dinero para cualquier otro fin.

En cuanto al hecho de que aquellos expedientes se pusieron en marcha sin un acto administrativo escrito que hiciera de marco dado que el proceso participativo había sido convocado en rueda de prensa, Homs ha defendido su legalidad en cualquier caso porque "esto no viene del aire".

"Tiene cobertura jurídica desde la perspectiva de que forma parte de aquella capacidad de impulso que tiene un Govern y que no siempre se expresa con un acto marco que lo recoja (*) Puede sorprender, acostumbrados como estamos a que no hay decisión que no lleve acompañada un acto administrativo expreso, pero esto tiene amparo y tuvo amparo legal, es evidente", ha sentenciado.

En esta línea, ha incidido en que convocar el 9N fue "una decisión de un componente político de un presidente y un gobierno y no siempre esto va a acompañado de actos administrativos de la decisión en su conjunto". "Por eso no existe, pero todo aquello que hace el Govern y la Administración entre el 14 de octubre y cuando entra en vigor la suspensión, todo lo que hace son actos administrativos en el tenor de la concreción", ha añadido