Se trata de las últimas diligencias pendientes de esta pieza separada del 'caso Villarejo'
MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La huelga convocada por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para el miércoles ha obligado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a suspender las declaraciones previstas para ese día de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, las últimas diligencias pendientes de esta pieza separada del 'caso Villarejo', según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 había citado a partir de las 9.30 horas del 9 de marzo a Bousselham y Pino, así como a Ricardo Sa Ferreira --la pareja de la ex asesora de Podemos cuando ocurrieron los hechos investigados-- y los peritos que firmaron el informe de la Policía Científica sobre la tarjeta telefónica de Dina, todos como testigos.
Sin embargo, la huelga convocada por la Unión Progresista de los Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) para el 9 y 10 de marzo, en demanda de una adecuación salarial, ha obligado a posponer las declaraciones sin que aún haya nueva fecha, de acuerdo con dichas fuentes. El anterior parón de los LAJ también forzó el pasado mes de enero a suspender unas comparecencias de las macrocausas 'Tándem' y 'Púnica'.
Estas testificales, encargadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, son las últimas diligencias de una investigación judicial a la que García Castellón puso fin el pasado 29 de enero tras recibir el informe policial.
Este 'dossier' de la Policía Científica determinó que los desperfectos sufridos por la tarjeta telefónica de Bousselham hacían imposible precisar quién fue la última persona que accedió a la mini SD y, por tanto, cómo pudieron producirse los daños.
EL ORIGEN DE 'DINA'
Los hechos investigados se remontan a noviembre de 2015, cuando a la pareja de Bousselham le robaron el abrigo mientras estaban en el IKEA de Alcorcón con el teléfono móvil de ella dentro.
Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecieron en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenaban unas carpetas denominadas 'DINA 2' y 'DINA 3', que contenían archivos procedentes de la mini SD del móvil sustraído a Bousselham.
En 2019, se creó una pieza separada dentro de la macrocausa sobre Villarejo ('Tándem') para indagar en este suceso. En 2020, García Castellón procesó al comisario y a dos periodistas por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Asimismo, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para investigar al ex vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias --aforado en ese momento-- por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito, pero el TS lo rechazó y le encomendó seguir indagando.
El juez esgrimió entonces que la "única explicación posible" para los daños sufridos por la mini SD es que se provocaran cuando estaba en poder del ex dirigente 'morado', a quien llegó, tras pasar de mano en mano, y meses después de recibirla se la devolvió a su legítima dueña.
Vox, que ejerce la acusación popular, pidió al instructor que siguiera indagando al estimar que aún había diligencias por practicar, incluida la declaración de Iglesias como imputado.
Pero García Castellón, en un reciente auto, ha rechazado dilatar las pesquisas judiciales para llamar al ex dirigente 'morado' como investigado al considerar que, si no es posible "determinar la producción de los daños en la tarjeta del teléfono, ni concretar su autoría", "no se dan los presupuestos necesarios para atribuir tales hechos al señor Iglesias".
RECURSOS DE BOUSSELHAM E IGLESIAS
El magistrado aún debe responder a los recursos formulados por Iglesias y Bousselham pidiendo igualmente que siga investigando pero para averiguar si el robo del teléfono móvil fue un "encargo" al comisario José Manuel Villarejo al estilo de 'Kitchen'.
Bousselham apuntó que podría tratarse de un encargo realizado "por miembros del Gobierno o del Ministerio del Interior, o de la DAO (...) con el objeto de perjudicar al señor Iglesias".
En este contexto, el antiguo líder de Podemos señaló como clave la declaración de Pino, ya que entiende que podría arrojar luz sobre si existió o no "una investigación policial regular o irregular" en torno a la tarjeta telefónica de Bousselham.