La huelga de Letrados obliga a la Audiencia Nacional a suspender declaraciones por los encargos de BBVA a Villarejo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Central de Instrucción número 6, en el que se instruye la investigación de los contratos del BBVA con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se ha visto obligado a suspender una declaración testifical en el marco de esa pieza 9 de 'Tándem' debido a la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Así lo recoge una diligencia de ordenación del juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se explica que la comparecencia del testigo perito Carlos Javier Díaz Navarrete coincide con la huelga a la que se ha adherido el LAJ de refuerzo del juzgado.

El letrado informa en esa diligencia que dado que la testifical no se halla entre las definidas como servicios mínimos o esenciales, "la declaración señalada no está amparada por la fe pública judicial que debe acompañar la práctica de las diligencias judiciales".

Respondiendo a esa misma diligencia, desde la Audiencia Nacional se acuerda por providencia la suspensión de la declaración y se advierte que se decidirá nueva fecha para la misma con un nuevo señalamiento. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que además del perito, este martes también estaba citado como testigo un agente de Policía.

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), una de las convocantes de la huelga indefinida que este martes afronta su sexto día, se hacía eco en su perfil de Twitter de la suspensión.

Las últimas cifras que han trascendido sobre el seguimiento del paro son de este lunes, cuando las tres asociaciones convocantes señalaron que alrededor del 73% de la plantilla de LAJs se sumó y que se habían suspendido ya "miles de actuaciones judiciales". Estas cifras chocaban un día más con los datos que ofrece el Ministerio de Justicia, que dice que la jornada fue secundada por un 18,9%.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: "No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad".

Antes de que empezara la huelga, Llop pidió a los convocantes que huyeran de "posiciones maximalistas" porque impedían "buenos acuerdos", asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.

Además, enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales, para pedirles que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.

LA POSTURA DEL MINISTERIO

Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la "desinformación que aparentemente existe" sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento "en interés" del cuerpo.

Olmedo hizo un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. "La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros", precisó.