Iberdrola se opone a su imputación y pide al juez que rechace la petición de su exsocio rumano y de Florentino Pérez

Solicita al juez que llame como testigos a exdirectivos para desmontar la declaración del excontroller

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola se ha opuesto a que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acuerde la condición de investigada de la compañía al tiempo que ha solicitado al instructor de la macrocausa 'Tándem' que rechace ese extremo que habían solicitado el presidente de ACS, Florentino Pérez, y el antiguo socio de la energética en un proyecto en Rumanía, Corneliu Dica.

En un escrito de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la compañía sostiene que "si con anterioridad" a las últimas declaraciones practicadas en la pieza separada del 'caso Villarejo' no adoptó la decisión de imputarles "no existe ahora, más bien lo contrario, ninguna motivación que justifique un cambio de criterio".

"A la vista de estas declaraciones testificales no puede más que concluirse la imposibilidad manifiesta de acordar la condición de investigada de mi representada. Por ello, venimos a solicitar a su señoría que se pronuncie en contra de las reiteradas y extemporáneas peticiones efectuadas por alguna de las acusaciones personadas", ha requerido Iberdrola.

La compañía se refiere, en concreto, a las testificales de las responsables de cumplimiento normativo de Iberdrola Renovables y de Iberdrola, María José Sanz y Dolores Herrera, y a la declaración como investigado del exdirector de Control de Funciones Corporativas de la empresa José Antonio del Olmo.

Y es que, a juicio de Iberdrola, la declaración de Herrera ante el magistrado quedó acreditado que la compañía contaba, en el año 2012 e incluso con anterioridad, con un Programa de Compliance acorde con los mayores estándares internacionales y nacionales.

LA COMPAÑÍA ACTUÓ "CON LA DILIGENCIA DEBIDA"

Otra cosa bien distinta, aducen, es que un empleado o directivo hubiese decidido cometer un delito eludiendo fraudulentamente los controles establecidos en el seno de la compañía para prevenir la comisión de conductas contrarias al Código ético o ilícitas. "Es obvio que de ello no puede responsabilizarse a la compañía que ha actuado con la diligencia debida", sostienen.

En este contexto, Iberdrola recuerda que el propio Del Olmo y el exjefe de seguridad Antonio Asenjo eran el controller y el solicitante autorizado respectivamente, "por lo que tenían plenas facultades para la contratación y posterior tramitación de pago" de las facturas, en este caso, a CENYT, el grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"Y es que, aun cuando se demostrase que algún antiguo empleado de Iberdrola hubiese participado en alguno de los delitos investigados, ningún conocimiento se podía tener en la compañía y ninguna decisión o medida se podía adoptar en consecuencia", añaden al respecto.

En definitiva, de las declaraciones prestadas por las responsables de cumplimiento, según apuntan, "no es posible extraer ningún elemento que permita indiciariamente acreditar la existencia del denominado defecto de organización, que, junto con el delito antecedente de la persona física, debe concurrir si se pretende otorgar la condición de investigada a la persona jurídica".

SOLICITA LA DECLARACIÓN DE DOS EXDIRECTIVOS

Además de oponerse a figurar como investigada, la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán también solicita al juez, en tanto que lo considera "imprescindible", que tome declaración testifical del exdirector de Seguridad de Iberdrola Marcos Peña y de Ángel José Manuel Zarabozo, adscrito al primero dentro de la compañía.

Esta petición persigue desmontar una supuesta contradicción de Del Olmo en su declaración del pasado 18 de abril ante el juez, en la que habría hecho referencia al intento de cargar el pacto de las facturas al departamento de Peña. "Según su reciente declaración habría sido él mismo quien se habría puesto en contacto con el Sr. Peña para comunicarle que las facturas iban a cargarse a su presupuesto", han explicado.

Sin embargo, afirma Iberdrola, "este relato de hechos tampoco se corresponde con lo declarado por Peña y Zarabozo, que manifestaron haber sido ellos los que habrían detectado que dichas facturas se habrían cargado a su presupuesto". Así las cosas, la compañía entiende que el objetivo de Del Olmo en sede judicial no fue otro que el de "verter una serie de afirmaciones dirigidas a perjudicar directamente a los directivos de Iberdrola".

Además de Peña y Zarabozo, Iberdrola también quiere que el juez vuelva a tomar declaración a Del Olmo por un presunto delito de falsedad documental en relación al informe elaborado en diciembre de 2004 donde se plasman presuntas irregularidades relacionadas con la contratación al grupo empresarial de Villarejo.

Y, en esta línea, la compañía también pide al magistrado que escuche a Luis Ramallo, el notario que se habría encargado de protocolizar el citado documento ese año.

SOBRE LA CORPORACIÓN ÚNICA

En su escrito, Iberdrola también se refiere a las afirmaciones que Del Olmo dirigió al juez instructor en un escrito en el que señalaba que la compañía funcionaba como una "corporación única" donde su presidente, Ignacio Sánchez Galán, estaba al tanto de "cualquier cuestión de cierta relevancia" a través del comité operativo.

"El proyecto de corporación única no altera los criterios de asignación de funciones y responsabilidades entre las distintas sociedades que lo integran, que mantienen su independencia como presupuesto básico de la salvaguarda de la integridad patrimonial del propio grupo, en cuanto evita la contaminación de riesgos entre unas y otras", ha respondido la compañía.

Iberdrola sostiene que se trata de un proyecto con un perfil de carácter meramente organizativo, contable y presupuestario, común en la generalidad de grupos multinacionales. La corporación única fue, señalan, una iniciativa de la Dirección de Administración y Control dirigida a identificar ahorros y sinergias en la prestación de servicios corporativos.

"En contra de lo que pretende extraerse interesadamente de su nomenclatura, la corporación única no implica más que la utilización de procesos globales de gestión contable y presupuestaria para conseguir ahorros y aumentar la 15 calidad de los procesos, sin que ello afecte en modo alguno a la estructura descentralizada y al sistema de gobierno del grupo", zanja la compañía.