Iglesias propone recaudar 27.500 millones con más impuestos, lucha contra el fraude y menos deducciones

Para sufragar el aumento de las pensiones, del SMI, del salario de los funcionarios y un plan de 20.000 millones contra la pobreza

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

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El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto hoy, durante su intervención en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy un aumento de la recaudación de 27.500 millones de euros para poder sufragar, entre otras cuestiones, un plan contra la pobreza de 20.000 millones de euros, el aumento de las pensiones, del SMI y del salario de los funcionarios.

Durante las casi tres horas y cuarto que ha empleado Pablo Iglesias en su primera intervención, ha explicado la propuesta de su Grupo de llevar a cabo una reforma fiscal que tenga como guía la "justicia fiscal" y que sea "moderno, avanzado y eficiente". Para ello, ha recordado la propuesta de Presupuestos Generales alternativos que hizo el partido morado para este año y que incluían una expansión fiscal de 19.500 millones de euros, con el fin de "revertir los recortes" y "reforzar" la creación de empleo.

Para ello, recordó la memoria económica que permitiría llevar a cabo sus planes de aumento del gasto. Así, citó la "moderación y retraso" en el cumplimiento del objetivo de déficit, lo que liberaría 7.000 millones de euros aplicando un "ritmo más lento" en este compromiso de España.

También considera que la política fiscal expansiva provocaría un mayor crecimiento económico que redundaría en una mayor recaudación, que cifró en 4.500 millones de euros.

A esto se sumarían los 8.000 millones de euros de llevar a cabo una reforma tributaria que refuerce la progresividad fiscal y la lucha contra el fraude. De esta última espera lograr otros 1.900 millones.

IMPUESTO A GRANDES FORTUNAS, A BENEFICIOS DE BANCOS Y SUPRIMIR SICAV

Pablo Iglesias quiere aplicar también un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, con lo que prevé recaudar 900 millones de euros; así como un impuesto a los beneficios de los bancos del 8 por ciento, para ingresar en las arcas públicas 1.000 millones más.

La eliminación de las desgravaciones fiscales a los grandes grupos empresariales proporcionarían 1.400 millones, a los que se sumarían otros 700 millones de incrementar la tributación de las rentas del capital.

Suprimir las SICAV permitiría ingresar 400 millones de euros y la eliminación de las bonificaciones fiscales para las empresas en la cuota de la Seguridad Social recaudaría 1.700 millones.

CINCO VECTORES DEL CAMBIO

Este incremento de la recaudación estaría destinado a financiar lo que el líder del partido morado ha resumido en los "cinco vectores del cambio" que son: una transición energética; una política industrial activa que impulse el desarrollo de sectores estratégicos; acabar con la precariedad laboral y la pobreza salarial y un plan integral de medidas que impulsen un cambio de modelo social.

En el desarrollo de estos cinco "vectores", Pablo Iglesias ha explicado, entre otras medidas, aumentar en cuatro años el SMI para llegar a los 950 euros al mes y que éste llegue a 800 euros mensuales en 14 pagas en dos años; recuperar el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios públicos o "reformar las reformas" de las pensiones de Zapatero y Rajoy, de tal manera que se vuelva a indexar las pensiones al IPC.

Iglesias ha asegurado que la pensión media se va a reducir un 30 por ciento con las medidas de estas dos reformas y por ello quiere derogar el factor de sostenibilidad, aumentar el importe de las pensiones no contributivas, igualándolas al SMI y deshacer las "medidas paramétricas" implementadas, que según asegura "están en la base del recorte de las pensiones".

También quiere acabar con la precariedad laboral con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que derogue las dos últimas reformas laborales y que tenga como objetivos prioritarios: reequilibrar la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores y atajar de forma drástica el abuso de la contratación temporal.

SMI DE 950 EUROS AL MES Y 1.200 EUROS AL AÑO POR HIJO

Además, quiere incluir un plan contra la pobreza con una inversión de 20.000 millones de euros y ha puesto como ejemplo a Portugal, al asegurar que este país ha puesto en marcha un programa en este sentido al que ha destinado 4.000 millones.

Para cambiar el patrón de distribución de la riqueza quiere que el suelo salarial sea de 950 euros al mes; establecer la jornada de 35 horas semanales; recuperar la capacidad adquisitiva que se ha perdido durante la crisis y restablecer los salarios de acuerdo con la productividad y que crezca el peso de los salarios en la renta nacional. A ello añade el establecimiento de un calendario de aumento del permiso de paternidad y que éste sea intransferible.

Quiere además, que la política social vuelva a incluir a la política de vivienda, con una Ley Orgánica aprobada con carácter de urgencia de derecho a la inviolabilidad del domicilio y de prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Junto a ello, propone que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria (SAREB) se convierta en instrumento de gestión de un parque público de viviendas.

Plantea, así mismo, un plan de políticas de infancia, que mejore la prestación por hijo a cargo hasta llegar a 1.200 euros al año por hijo para las familias en riesgo de exclusión y alcanzar, a medio plazo, una prestación universal.

FIN DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN 2024 Y RECUPERAR LAS HIDROELÉCTRICAS

Además, propone una política industrial activa que impulse el desarrollo de sectores estratégicos basados en la innovación y la digitalización en el que se propicie la colaboración del sector público con el tejido empresarial; hacer converger la inversión en I+D+i con la que media de la UE y una banca pública al servicio de la financiación del tejido empresarial estratégico. Entre otras medidas apunta también la recuperación de la inversión pública que ha caído en 30.000 millones de euros.

En cuanto a la transición energética, ha propuesto que se establezcan controles efectivos para impedir las prácticas oligopolísticas; que se modifique el marco regulatorio para que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción; derogar las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico; un compromiso para que todas las centrales nucleares cierren antes de 2024 y recuperar las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen.