MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los exdirigentes del PP de Madrid Ignacio González y Francisco Granados, en otro tiempo 'manos derechas' de la expresidenta Esperanza Aguirre, han coincidido a primera hora de esta mañana en la Audiencia Nacional, donde ambos están imputados en sendas tramas de corrupción.
Aunque no se han visto, los dos exdirigentes 'populares' han pisado a la misma hora las dependencias del tribunal que les investiga, que está situado precisamente frente a la sede del partido en el que militaban, en la calle Génova de Madrid, aunque han accedido por puertas distintas.
Por un lado, se ha podido ver llegar a González minutos antes de las nueve de la mañana para, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, cumplir con las comparecencias semanales que le impuso el juez Manuel García Castellón cuando ordenó la semana pasada su puesta en libertad bajo fianza de 400.000 euros.
Las medidas cautelares que impuso el magistrado para que el también expresidente madrileño pudiera salir de la cárcel, donde llevaba desde el pasado 21 de abril, eran comparecencias semanales, entrega de pasaporte y designación de un domicilio donde pueda estar localizable, cosa que también ha hecho González en su 'visita' de hoy a la Audiencia Nacional.
El expresidente de la Comunidad de Madrid está imputado en la trama de corrupción conocida como 'Lezo', que investiga las presuntas irregularidades de su gestión al frente del Canal de Isabel II, y concretamente la expansión de esta empresa por Sudamérica. Está acusado de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentación públicos, prevaricación, fraude y malversación.
PRIMER JUICIO DE LA 'PÚNICA'
Por su parte, Francisco Granados ha accedido por otra entrada al tribunal, concretamente por la puerta por la que se llega a las salas de vistas, para declarar como imputado en el primer juicio de la trama de corrupción denominada 'Púnica', por la que el exdirigente 'popular' estuvo más de dos años y medio en prisión provisional.
Concretamente, ha comparecido por la pieza de la trama relacionada con el 'chivatazo' que dos guardias civiles, que también están imputados, le habrían dado en el año 2014 sobre el hecho de que estaba siendo investigado.
Los acusados se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel cada uno por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos, ya que considera que la información que recibió Granados "obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil, menoscabando la prestación de ese servicio público y causando un importante daño" al 'caso Púnica'.