PINTO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Instrucción número 6 de Parla ha imputado a la ex alcaldesa y actual portavoz del PP, Miriam Rabaneda, y a su hermana Tamara, que fuera concejala de Hacienda en su gobierno, por un delito de prevaricación por la gestión económica durante su mandato, al figurar presuntamente gastos sin consignación presupuestaria, prelación y fraccionamiento de pagos y facturas sin aprobación previa, según la denuncia que interpuso el actual alcalde, Juan José Martín (PSOE).
El juzgado ha citado a ambas ex responsables municipales a declarar el próximo día 26 a las 10:00 horas, para pronunciarse en sede judicial, entre otras cosas, "por las órdenes de pago efectuadas contraviniendo el procedimiento a que obligan los reparos de legalidad emitidos por la Intervención de la Corporación municipal y contra el informe negativo de intervención de fecha 19 de diciembre de 2008", según el auto judicial.
Fuentes municipales explicaron que esta resolución implica que la ex regidora habría aprobado cerca de 400 expedientes administrativos con informes desfavorables de Intervención o Tesorería, lo que habría colocado al Consistorio pinteño "en una de las situaciones más difíciles de su historia reciente".
RABANEDA, "TRANQUILA"
Por su lado, Rabaneda señaló a Europa Press que aún no le han comunicado el auto y, en todo caso, manifestó sentirse "tranquila", ya que, a su entender, tiene "las manos limpias y la cabeza alta".
"Siempre actuamos a favor de los pinteños y nadie nos puede acusar de haber metido la mano en la caja", manifestó tras afirmar que "es sorprendente" que, antes que ella, la información haya trascendido al Partido Socialista y a los medios de comunicación.
En cualquier caso, recordó que esta denuncia es paralela a la que se mantiene en el Tribunal de Cuentas por la gestión de los populares durante su mandato. "El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador", apuntó a Ep tras señalar que esta querella "no se puede comparar" a la que su grupo interpuso contra los firmantes de la moción de censura de diciembre de 2008: PSOE, IU y 'Juntos por Pinto' (JpP).
ANTENCEDENTES
El Ejecutivo local inició los trámites para la denuncia ante el Tribunal de Cuentas y el juzgado de Instrucción en enero del pasado año, cuando en el Pleno del 29 de enero del pasado año el Gobierno local (PSOE, IU y 'Juntos por Pinto) informó de que la gestión del PP en el Gobierno local en los 18 meses que gobernó dejó gastos sin consignación presupuestaria por valor de 1.077.138 euros y facturas sin aprobación previa de 11.522 euros.
Además, el equipo de Gobierno reveló que, trece días antes de la moción de censura del 22 de diciembre que apartó de la Alcaldía a la coalición del Partido Popular y Juntos por Pinto (JpP), se produjeron hasta 522 órdenes de pago que contaron con "informes desfavorables emitidos por la Interventora o de la Tesorera".
A estos se unirían, durante 2008, otros 167 informes desfavorables de Intervención sobre unos gastos de 8,6 millones. La situación llegó a tal punto que, según la responsable de Hacienda, en los expedientes figuran dos mandamientos de pago "con reparo de ilegalidad" firmados por la anterior concejala de Hacienda a, Tamara Rabaneda.
En aquel Pleno, el PP argumentó, durante el Pleno del pasado día 29, que las irregularidades denunciadas y los expedientes son "cuestiones procedimentales, del día a día", que el anterior Gobierno también detectó de los gestores que le precedían.
El 6 de marzo, el Pleno aprobó llevar toda la información relativa a esta gestión al Tribunal de Cuentas. La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas decidió, a finales de mes, nombrar un delegado instructor para analizar la gestión del Partido Popular.