Imputado por cuatro delitos el candidato de Coalición Canaria para las próximas elecciones autonómicas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Laguna (Tenerife) y candidato de Coalición Canaria (CC) en las próximas elecciones autonómicas, Fernando Clavijo, ha sido imputado por cuatro presuntos delitos, entre ellos un posible fraude en la concesión de ayudas por el desalojo de los vecinos de Las Chumberas, urbanización afectada por aluminosis.

El auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna del magistrado César Romero Pamparacuatro hecho público este jueves, expone también que el regidor local ha sido imputado por presuntamente favorecer la contratación de personas en la empresa de residuos sólidos Urbaser --adjudicataria en La Laguna--, la concesión de una licencia para la apertura de una cafetería en el barrio de La Cuesta --precintada y cerrada posteriormente-- y diversos expedientes urbanísticos relacionados con la zona de ocio de 'El Cuadrilátero'.

Entre los imputados también se encuentra la concejal del grupo de Gobierno María José Castañeda (PSOE), a quien se le achaca también el fraude en la concesión de ayudas al ser beneficiaria por ser vecina del complejo de viviendas.

Sobre el fraude en las subvenciones, que puede ser constitutivo de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, el alcalde ha señalado en rueda de prensa que los expedientes han sido "escrupulosos", y por ello, ha insistido en que defenderá ante la justicia su "honorabilidad" y la de los funcionarios.

Según su versión, el desalojo se produjo en 2010 y en base a informes técnicos y jurídicos que establecían que algunas viviendas no eran habitables, por lo que se habilitó una línea de subvenciones para el alquiler para las familias que fueron realojadas.

En el caso de las gestiones para favorecer la contratación de personas en una empresa, que pueden incurrir en un delito de tráfico de influencias, el auto alude a conversaciones telefónicas --tenía el teléfono pinchado desde 2010-- en las que el alcalde recibe una llamada con el fin de ayudar a contratar al sobrino de su interlocutor en Urbaser.

En este sentido, ha dicho que durante su etapa como alcalde recibe "muchas llamadas" y suele preocuparse por los problemas de los vecinos, pero sin el ánimo de "influenciar". "Creo en la justicia, no hay nada que ocultar y espero que se pueda aclarar lo antes posible", ha señalado.

Ha descartado que este proceso judicial sea una "trampa" orquestada por su propio partido porque eso sería "hacerle daño" a CC, al tiempo que no se ha mostrado temeroso con su futuro político porque ya ha estado imputado en dos ocasiones.

De hecho, ha recibido muchos mensajes de apoyo de compañeros, pero no ha ocultado que desde que conoció la imputación este mediodía ha "pensado de todo". Para definir el futuro, ha convocado una ejecutiva insular de CC para este sábado. "No es una decisión individual mía", ha indicado.

Castañeda, por su parte, ha dicho que no se le ha concedido "ningún trato especial", sino la misma ayuda para el alquiler que al resto de afectados, con un máximo de 500 euros mensuales, dado que en este caso, la unidad familiar la componen cuatro personas. "Es un día muy desagradable, feo y duro. No estoy acostumbrada a este tipo de cosas, pero de todo se sale", ha señalado.

HABRÁ EXPULSIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SI HAY JUICIO ORAL

El primer teniente de alcalde y secretario general del PSOE lagunero, Javier Abreu, ha apuntado ante los periodistas que el auto es "injusto" porque se imputa un delito "sin datos", y cree que es un "error" porque se considera que las ayudas son de emergencia social cuando son para sufragar un alquiler.

En todo caso, ha dicho que se va a pedir la desimputación de Castañeda porque todos los expedientes son favorables a la concesión de la ayuda --tramitada cuando era concejal en la oposición--, pero si se mantuviera y se abriera juicio oral, trasladará a las ejecutivas regional y federal que abandone el grupo municipal y devuelva el dinero, en cumplimiento del Código Ético del PSOE.

Contra la resolución judicial, que no es firme, podrá interponerse recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.