Interior comunica el traslado de tres etarras, entre ellos uno con delitos de sangre, y la semilibertad para otros dos

Se produce el mismo día que Prisiones niega en el Congreso "chantajes" por sus 68 acercamientos, aunque la AVT eleva la cifra a 98

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado este miércoles el traslado de otros tres presos de ETA, entre ellos uno con delitos de sangre, y la concesión de la semilibertad para otros dos. La decisión se produce el mismo día que el secretario general de este organismo dependiente del Ministerio del Interior, Ángel Luis Ortiz, ha recordado en el Congreso que ninguno de estos traslados han sido recurridos, negando, además, que sufran "chantajes ni coacciones".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que la "mitad del colectivo de presos etarras ha sido trasladado cerca de sus domicilios" por el Gobierno de Pedro Sánchez, ligando esto a la aprobación de los Presupuestos. Según sus cálculos, son ya 98 los acercados, lo que implica ya a la mitad de los 197 internos etarras, de los que 15 son a cárceles del País Vasco y Navarra. Además, se han aprobado 14 progresiones a tercer grado o régimen de semilibertad.

Entre los etarras de la última tanda de traslados se encuentra Aitor García Aliaga, que pasa de la prisión de Jaén a la de Burgos. Fue condenado en 2006 a 323 años de como autor del asesinato del militar Justo Oreja Pedraza y en 2004 a 83 años por el del policía Luis Ortiz de la Rosa.

Según ha informado Instituciones Penitenciarias en un comunicado, a propuesta de la Junta de Tratamiento de Jaén este preso continúa en primer grado con artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Cumplirá las 3/4 partes de la pena en abril de 2024 y, según Prisiones, "ha aceptado la legalidad penitenciaria y participa en actividades programadas".

Joseba Segurola Beobide también va a Burgos, en este caso desde la cárcel de Murcia I, después de ingresar en prisión en 2003 por una condena a 20 años por colaboración con banda armada, falsificación y depósito de armas. El tercer etarra trasladado, Javier Pérez Aldunate, deja Córdoba por Pamplona, y también cumple 20 años por atentado, asociación ilícita, depósito de armas o falsificación.

Además, Prisiones ha aprobado la progresión al tercer grado de dos etarras, entre ellos Olatz Lasagabaster Anza, con delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas, pasando de Aranjuez a San Sebastián. El otro etarra es Patxi Uranga Salbide, también a la prisión de San Sebastián, y con una pena de 12 años por colaboración con banda armada y depósito de armas.

De ambos Prisiones ha dicho que aceptan la legalidad penitenciaria y, además, "han presentado escrito de desvinculación de la banda terrorista, reconocen el dolor causado y se encuentran en un avanzado estado de cumplimiento de la condena", sin tener que hacer frente a responsabilidad civil.

PRISIONES CONTABILIZA 68 TRASLADOS

El anuncio se ha comunicado poco después de la comparecencia en el Congreso del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que ha negado que existan "ni chantajes ni coacciones" en la decisión de trasladar a presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco.

Según sus cálculos, en los dos años de Gobierno de Pedro Sánchez se han aprobado 68 acercamientos a cárceles del País Vasco y "próximas" a esta comunidad autónoma, un dato que ha comparado a los 426 entre 1996 y 2004, durante los gobiernos de José María Aznar (PP).

En el recuento, inferior al que hacen las asociaciones de víctimas, se incluye en ambos casos traslados directos al País Vasco y Navarra, así como provincias limítrofes, sumando entre ellas Soria. Según Prisiones, serían 85 traslados en total si se contabilizan todos las provincias, además de las doce progresiones de grado para condenados por terrorismo de ETA, sin contar las comunicadas este miércoles.

Ante las críticas de PP y Vox, que ven el pago de un chantaje en esto, Ortiz ha defendido en su comparecencia que los traslados se realizan de acuerdo a la legislación penitenciaria y que "ninguna" de estas decisiones ha sido recurrida ni por el Ministerio Fiscal ni por las víctimas.