Interior concede beneficios penitenciarios al etarra que asesinó a Jiménez Becerril y su esposa

La AVT pide reunión urgente con Marlaska ante el "desamparo" que sufren tras dos nuevos acercamientos, 43 en total con Sánchez en el Gobierno

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Ministerio del Interior ha autorizado el traslado a cárceles más próximas al País Vasco de dos presos de ETA, entre ellos José Luis Barrios, condenado por los asesinatos del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García. Será trasladado de la cárcel de Granada a la de Zuera (Zaragoza) tras flexibilizarle el primer grado con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

La decisión ha motivado que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pida una reunión urgente con el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, ante el "desamparo" que les produce que ya sean 43 los etarras trasladados (más del 20% de los que siguen en prisión) desde junio de 2018, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Además de Barrios, este viernes también ha sido aprobado el traslado de Soria a San Sebastián del etarra Igor González Sola.

En un comunicado, la AVT ha denunciado que a José Luis Barrios, con delitos de sangre por los asesinatos del matrimonio Jiménez Becerril y del militar Domingo Puente, se le aplique el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, aunque manteniendo su clasificación en primer grado o régimen cerrado, el más duro.

"DEJAN SIN CONTENIDO SENTENCIAS PENALES"

La decisión se ha adoptado a propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel de Albolote (Granada) "con el objetivo de su progresiva adaptación al régimen ordinario y su traslado al centro penitenciario de Zuera (Zaragoza)". "Como se aprecia", se ha quejado la AVT, "José Luis Barrios continúa en primer grado, pero aplicando el artículo 100.2; se utiliza una vez más la legislación penitenciaria para dejar sin contenido las sentencias penales".

Poco después del comunicado de la AVT, Instituciones Penitenciarias ha informado de este traslado y también el de Igor González Sola. De José Luis Barrios Martín el organismo dependiente de Interior ha destacado que ingresó en prisión el 25 de marzo de 1998 y cumple una condena de 30 años por asesinatos, homicidio y atentados. Según Prisiones, cumplirá las tres cuartas partes de la condena el próximo mes de septiembre y "ha aceptado la legalidad penitenciaria".

De Igor González Sola también ha señalado que ha aceptado la legalidad penitenciaria y que la junta de tratamiento de Soria ha propuesto el mantenimiento en segundo grado, con traslado al centro penitenciario de San Sebastián "por razones amparadas en la Ley de Protección de Datos". Este etarra ingresó en prisión el 30 de marzo de 2005 y tiene una condena de 20 años por colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en marzo de 2020.

CADA VIERNES TEMEN UN NUEVO MOVIMIENTO

La AVT, que se ausentó del reciente homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso por su descontento con los acercamientos de etarras con delitos de sangre y los acuerdos con EH Bildu, ha lamentado que "cada viernes se levanten con el temor de no saber qué nuevo movimiento en política penitenciaria tiene preparado el Gobierno".

La asociación ha recordado que ya son 43 los presos de ETA que han sido acercados a cárceles próximas al País Vasco desde junio de 2018, con el Gobierno de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior. Este último ha defendido recientemente en sede parlamentaria su política penitenciaria, pidiendo a la oposición que no politizara esta cuestión porque, según él, no había quejas de las víctimas del terrorismo.

La AVT ha justificado su reunión con Grande-Marlaska por su "honda decepción, preocupación y sensación de desamparo", además de porque las decisiones que se están adoptando entienden que "difiere mucho" de lo que el propio ministro les aseguró en las reuniones mantenidas nada más llegar al cargo. La asociación censura que haya beneficios para etarras con delitos de sangre y que no se exige colaboración con la Justicia en la resolución de los casos pendientes como paso previo para valorar la posibilidad de reinserción social.