Interior sigue a la espera del informe de la Abogacía para decidir sobre la escolta de Puigdemont tres meses después

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior sigue a la espera del informe de la Abogacía del Estado para decidir si atiende a la petición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y autorizar que tenga servicio de escolta en Bélgica, como solicitó este último hace más de tres meses.

El pasado 13 de noviembre, Puigdemont exigió escolta alegando que había aumentado "el nivel de peligrosidad y riesgo". La petición la formuló coincidiendo con la semana en la que fue investido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con los votos de su partido, Junts, tras registrarse la proposición de ley de amnistía.

En una respuesta parlamentaria por escrito, consultada por Europa Press, el Gobierno contesta al PP que la decisión depende del informe requerido a la Abogacía del Estado "sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la referida solicitud" y, en su caso, para saber cuál es el "cuerpo policial competente para llevarla a cabo".

SECRETOS OFICIALES

El Ejecutivo añade que la asignación de escoltas está regulada por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, que determinar el "acceso restringido y limitado a personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado".

En este sentido, el Gobierno advierte que, al ser material "Secreto o Reservado" de acuerdo a la clasificación que compete al Consejo de Ministros, "la difusión de la información solicitada revelaría datos sobre capacidades y dimensionamiento de las plantillas destinadas a los cometidos de protección, poniendo en riesgo la seguridad del protegido y de los propios agentes".

El PP quería saber si el Ministerio se había puesto ya en contacto con la Generalitat de Cataluña para atender a la solicitud de Puigdemont, pidiendo al Gobierno que concretara cuántos escoltas prevé que necesita el expresidente tras fugarse a Bélgica para evitar la acción de la justicia.

La petición de escolta por parte de Puigdemont se abordó en la reunión en Madrid del pasado 9 de enero entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el conseller de Interior de Cataluña, Joan Ignasi Elena, remitiéndose al informe de los servicios jurídicos antes de tomar una decisión.

RAZONES PARA NEGAR LA ESCOLTA

Tras la petición de Puigdemont, el conseller Elena remitió una carta a Grande-Marlaska para solicitar la escolta "con la máxima urgencia". En su escrito recordó que, hasta la fecha, todas las peticiones elevadas por parte de los consellers Miquel Buch, Miquel Smper y también suya habían sido rechazadas por el Gobierno.

Fuentes del Ministerio del Interior apuntaron a mediados de noviembre que se había dado traslado a la Abogacía del Estado, antes de realizar "ningún trámite ni valoración". Además, recordaron que la legislación limita a priori este tipo de protección fuera de España y que, en el caso de Bélgica, tiene que ser este país el que autorice la presencia de policías provistos con armas reglamentarias.

En 2018, se negó la escolta a Puigdemont previo informe de la Abogacía del Estado por dos cuestiones: su pérdida de condición de autoridad pública y la existencia de un proceso judicial contra él con una orden de detención interpuesta sobre su persona en territorio español.

El servicio de escolta a Puigdemont ha generado diferentes polémicas desde su huida de España en 2017 para evitar la acción de la Justicia. La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior catalán Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escol como cargo de confianza para que escoltara al expresidente.