La interventora del Estado asegura que "nunca" controló los gastos del 'procés' porque no era su competencia

Puigdemont no ha declarado al habérsele negado comparecer por videoconferencia

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La que fuera interventora de la Administración del Estado en Cataluña cuando el 1-O, María Luisa Lamela, ha asegurado este viernes ante el Tribunal de Cuentas en el juicio contable por el presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal y la acción exterior del Govern que "nunca llegó a controlar" los gastos del 'procés' porque no era su competencia.

Lamela ha explicado que desde su departamento "no controlaban los gastos" porque no tenían ni competencia ni capacidad para controlar los gastos del independentismo catalán. "Lo que interesaba es que todo viniera firmado por la interventora general de Cataluña", ha apuntado al tiempo que ha reconocido que tenía "muy buena relación" con Rosa Vidal.

Así se ha pronunciado en el marco de la vista que se ha celebrado este viernes en el Tribunal de Cuentas contra el expresidente catalán huido y líder de Junts Carles Puigdemont y otros 34 excargos del Govern. Lamela ha sido citada a petición de las defensas para la práctica de la prueba que incluye las comparecencias de otros dos testigos.

La vista de este viernes se ha celebrado después de que el tribunal rechazara la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC de suspenderla por la proposición de ley de la amnistía.

La declaración como testigo de Lamela ha tenido lugar después de que finalmente Puigdemont no declarara al no habérsele permitido hacerlo por videoconferencia. Su abogado, Gonzalo Boye, ha argumentado que planteó su petición a última hora porque hasta el último momento no se sabía si el expresidente podía venir con la ley de amnistía.

La mayor parte de su interrogatorio ha estado a cargo de la defensa de Puigdemont, quien ha preguntado por las facturas de Unipost y por las decisiones del Consejo de Ministros de "cortar" la financiación 'procés'. Lamela se ha limitado a contestar de forma reiterada que no controló los gastos porque no era su competencia.

Asimismo, la defensa de Puigdemont ha incidido en el hecho de que Lamela es hermana de la primera juez instructora del 'procés', Carmen Lamela. La testigo ha asegurado que ella y su hermana no hablan de temas profesionales, pero la consejera del Tribunal de Cuentas ha intervenido para avisar de que no tiene necesidad de explicarse.

PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO

Aunque la consejera del Departamento 2 de la Sección de Enjuiciamiento ha acordado celebrar la vista, ha avisado al inicio de la sesión de que más adelante se pronunciará por escrito sobre si suspende el procedimiento ante la proposición de ley de amnistía.

Fue el martes cuando los encausados de ERC pidieron la suspensión del juicio a la espera de la aprobación de la ley de amnistía toda vez que el PSOE presentó el lunes en el Congreso la proposición de ley. Los republicanos alegaron que era "altamente probable" que la entrada en vigor de la norma tuviese lugar en los próximos meses y apuntaron que el juicio de este viernes podía "acarrear cargas procesales innecesarias".

Los de ERC no han sido los primeros en pedir la suspensión de la vista. De hecho, recientemente Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí solicitaron que no se celebrara la vista porque consideraban que primero debía haber una resolución penal firme. El TCu desestimó esta petición.

Este viernes, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana han mostrado su oposición a que se suspenda la vista. El representante del Ministerio Público ha asegurado que, aunque la petición se basa en la economía procesal y "no puede hacer otra cosa que agradecer" la solicitud porque son principios que comparte, tiene que oponer porque la suspensión "no se puede subordinar a un acontecimiento futuro".

La Fiscalía ha recordado que la proposición de ley aún no ha sido admitida por la Mesa del Congreso y ha precisado que hasta que el texto no se convierta en ley y entre en vigor no pueden aplicarse los efectos de la misma. "Por lo tanto, no cabe en el momento presente la suspensión", ha apuntado el fiscal.

Se prevé que la vista de la práctica de la prueba dure solo un día y que las conclusiones --tanto de las acusaciones como de las defensas-- se presenten después por escrito. La sesión ha empezado sin la presencia de Puigdemont, que debía comparecer a declarar después de que el tribunal rechazara que compareciera por videoconferencia.

35 EXCARGOS DEL GOVERN

En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

Entre los 35 nombres consta --además de Puigdemont-- el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y JordiTurull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.