Investigados el alcalde de Valga (PP) y parte de su gobierno por prevaricación

Citados nueve ediles y exdiles populares el 29 de marzo y 5 de abril por prevaricación de "cerca de medio millón de euros" durante 25 años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valga (Pontevedra), José María Bello Maneiro (PP), seis ediles de su actual equipo de gobierno y otros dos exconcejales populares han sido citados como investigados por un delito de prevaricación administrativa para declarar ante la jueza del juzgado de instrucción número 1 de Caldas en una causa abierta por el supuesto cobro irregular de dietas desde 1992.

En la providencia con fecha de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, se cita como investigados para declarar el 29 de marzo el alcalde, José María Bello Maneiro, así como a los concejales populares Román Castro Castromán, Ramona Otero Tanoira, Begoña Piñeiro Busto, Manuel Ferreiro Maneiro, José Ángel Souto Jamardo y Carmen Gómez Pardal.

En total, son siete de los nueve concejales con los que cuenta en la actualidad el PP en el Ayuntamiento --en donde el PP tiene nueve ediles y el PSOE, cuatro--.

Asimismo, cita como investigados para declarar el 5 de abril a los exconcejales del PP en pasadas legislaturas Juan Bautista Potel Calvo y Peregrina Abril Castromán. Ese mismo día también se tomará declaración, en este caso en calidad de testigos, al interventor y al secretario del Ayuntamiento.

CASO

Estas citaciones llegan después de la denuncia presentada en verano de 2016 por el grupo municipal socialista por la celebración de unas reuniones por parte del equipo de gobierno popular conocidas como "comisiones de organización", a las que solo asistían ediles el PP que cobraban entre 50 y 60 euros por encuentro, y que se celebraban de forma semanal sin presencia de funcionarios que levantasen acta.

Así lo ha explicado a Europa Press la portavoz del PSOE en Valga, María Ferreirós, que hace una estimación de que en los últimos 25 años los concejales del PP se han embolsado "cerca de medio millón de euros" en total por unas reuniones celebradas "al margen de la ley", ya que solo asistían ediles populares y no había proporcionalidad de fuerzas --como ocurre en plenos y sesiones informativas--.

En el marco de las diligencias encargadas por la jueza, el interventor y secretario del Ayuntamiento han realizado un informe que fecha entre 2003 y 2016 pagos por valor de 215.000 euros a los concejales populares.

Ahora, en la providencia de este jueves, la jueza encarga a interventor y secretario que informen también de quiénes han sido las personas que asistieron a estas "comisiones de coordinación" entre 1992 y hasta 2003, "así como de las cantidades percibidas" y se informe de quiénes eran el alcalde de Valga, secretario e interventor en el momento de la creación de estas comisiones.