BRUSELAS, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego, ha reclamado este lunes en una carta a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O`Reilly, que abra una investigación sobre la muerte de migrantes en Melilla, asegurando que pueden constituir una "vulneración clara de los derechos fundamentales de las personas migrantes y de los más elementales procedimientos de asilo y refugio en la Unión Europea".
En el marco del salto masivo a la valla de Melilla del pasado 24 de junio en el que murieron al menos 23 personas, cifra que las ONG locales elevan a 37, la parlamentaria ha reclamado una investigación a O`Reilly para esclarecer si se violó el derecho a la petición de asilo y se produjeron devoluciones en caliente.
El Derecho comunitario recoge que dichos migrantes tienen el derecho de solicitar refugio y asilo en la UE, recuerda Rego, que insiste que es algo "realmente imposible" en el caso de Melilla pues la oficina para tramitar la protección internacional se encuentra en territorio español.
La eurodiputada de izquierdas critica la actuación policial y denuncia que, según un vídeo publicado en medios, se "ve con claridad cómo agentes de la Guardia marroquí entran en territorio español y realizan diversas devoluciones en caliente".
NULA INTENCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGAR
Rego lamenta que desde las instituciones europeas como la Comisión o el Consejo se haya hecho una defensa de las actuaciones de los agentes marroquíes y de las fuerzas del orden españolas y "no se ha hecho ni una sola referencia a una posible violación de los derechos humanos".
"De las declaraciones de la propia Comisión y el Consejo ante los hechos ocurridos en Melilla se desprende la nula intención de investigar nada de lo sucedido y mucho menos cuestionar si con fondos europeos se financian actividades migratorias que incumplen los derechos fundamentales o el derecho de refugio y asilo", ha expuesto.
Por último, recuerda a O'Reilly su compromiso con garantizar los Derechos Humanos de migrantes y refugiados y señala que en una intervención en Bruselas defendió la obligación legal de las autoridades de "atender las necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes, y garantizar que los Derechos Humanos ocupen el lugar que les corresponde en el proceso.