MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La responsable federal de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló, ha denunciado la "intolerable cacicada" que supone la suspensión prevista para este martes de la declaración en la causa argentina contra el franquismo que iba a realizar el fundador y ex coordinador general Gerardo Iglesias, en un juzgado de instrucción de Oviedo.
López Barceló ha cargado contra la Fiscalía por este "impresentable trato judicial" al ex secretario general del PCE y ha lamentado que el Ministerio Público siga "garantizando la impunidad del franquismo y no los derechos de las víctimas".
La declaración de Gerardo Iglesias ha sido suspendida por la titular del juzgado minutos antes de su celebración. Iglesias estaba citado para declarar por las denuncias que realizó tras sumarse estas a la querella argentina por los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante el franquismo, causa que instruye la jueza María Servini.
La responsable federal de Memoria Democrática de IU ha denunciado "la absoluta falta de respeto y el trato degradante" que supone esta suspensión para Iglesias, que se había desplazado hasta el juzgado pese a sus problemas de salud.
El motivo de la suspensión es una instrucción de obligado cumplimiento remitida por la Fiscalía General del Estado el pasado 30 de septiembre, señala IU, ya que ni Iglesias ni su representante legal, Ana Messuti, han recibido esta mañana explicación oficial alguna.
En dicha instrucción se obliga a todos los representantes del Ministerio Público en los distintos juzgados del Estado a llevar a cabo la suspensión de las declaraciones previstas en las sedes judiciales competentes.
La responsable de Memoria Democrática de IU ha declarado que se está obstruyendo una investigación judicial, lo que puede situar al Estado español en una posición vulneradora de los tratados de cooperación y asistencia judicial firmados por España y Argentina.
"La hipocresía política del Gobierno del PP en funciones roza ya la esquizofrenia y el ridículo", ha denunciado López Barceló. "Por un lado, el Ministerio de Justicia no tiene más remedio que tramitar los exhortos remitidos por la jueza María Servini, mientras que por otro, obstaculiza e impide de forma torcitera las declaraciones de decenas de afectados a través del control que ejerce sobre la Fiscalía General", ha explicado.