José Ignacio Wert, el ministro que lideró la décimo tercera reforma educativa con la protesta de la mayoría del sector

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

José Ignacio Wert deja su cargo como ministro de Educación, Cultura y Deporte habiendo liderado la décimo tercera reforma del sistema, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), un proyecto con el que se enfrentó a la mayoría de los grupos políticos de la oposición, asociaciones de padres, sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles.

En el comunicado en el que el Gobierno anunciaba el relevo de Wert por Íñigo Méndez de Vigo, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha agradecido al ministro saliente la tarea realizada al frente del departamento y, singularmente, su "determinación" en la elaboración de la LOMCE.

Aparte de con la comunidad educativa, Wert --uno de los ministros con peor valoración ciudadana en encuestas como el CIS-- recibió por políticas del Gobierno como la subida del IVA las críticas de otros colectivos de la cultura como el de los cineastas, llegando incluso a no asistir a la ceremonia de los Premios Goya.

Por otra ley polémica, la de Propiedad Intelectual, provocó el cierre de Google News en España del gigante estadounidense. Una de las últimas gestiones en las que medió al frente del Ministerio fue en la aprobación de los nuevos derechos televisivos del fútbol.

Rajoy nombró a Wert titular de la cartera de Educación el 22 de diciembre de 2012, tras veinticinco años fuera de la escena política, al renunciar en 1987 a su escaño como diputado nacional de Alianza Popular y reintegrarse en sus tareas profesionales, como la de presidente de Demoscopia durante dieciséis años o la docencia universitaria, entre otras.

La ley con más peso y en la que más se implicó el hasta ahora ministro, no obstante, fue la de la reforma del sistema educativo español, que llevó a cabo de la mano de su 'número dos', la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, que fue cesada por el Gobierno el pasado 9 de mayo tras fichar en abril por la OCDE para ocupar el cargo de directora general adjunta de Educación.

Entre las primeras medidas llevadas a cabo en los primeros meses de su etapa como ministro, destaca el Real Decreto de Racionalización del gasto educativo, de abril de 2012, más conocido como el 'decreto de recortes', contra el que una gran parte de la comunidad educativa respondió con una huelga general de todas las etapas educativas, en mayo, respaldada por varios partidos de la oposición.

Desde el primer borrador de la LOMCE de septiembre de 2012 hasta su aprobación definitiva, el 28 de noviembre de 2013, en el Congreso de los Diputados, las manifestaciones y protestas contra la reforma por varios sindicatos de padres y estudiantes, reunidos en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, han sido una constante, continuando durante el último año.

RECURSOS ANTE EL TC Y PLANTÓN DE LOS RECTORES

El rechazo a la reforma educativa llegó hasta el Tribunal Constitucional mediante los recursos presentados durante el mes de marzo de 2014 por varias comunidades autónomas --Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco-- y el Grupo Socialista en el Congreso y que admitidos a trámite un mes después.

Además de la LOMCE, Wert ha promovido otros cambios, como el endurecimiento de los requisitos académicos para el acceso y mantenimiento de las becas, que tuvo como respuesta el plantón de los rectores en mayo de 2012, en el Consejo de Universidades.

La reforma del sistema universitario español anunciada por el Gobierno al principio de la Legislatura se ha limitado finalmente a tres decretos: el que modifica la duración de los grados de cuatro años y másteres de uno a tres años y dos, respectivamente, también conocido como el 'decreto 3+2'; un segundo decreto que flexibiliza los requisitos para la creación de nuevas universidades; y el tercero que cambia el sistema de acreditación del profesorado para que tenga más peso la experiencia profesional.

"ESPAÑOLIZAR A LOS ALUMNOS CATALANES"

De estos casi cuatro años como ministro, destacan los enfrentamientos que ha tenido con la Generalitat de Cataluña y con diputados catalanes durante los debates parlamentarios. El primero de ellos tuvo lugar el 10 de octubre de 2012 cuando dijo en el Pleno del Congreso que la intención de su departamento en Cataluña era la de "españolizar a los alumnos catalanes" para que estos se sintieran "tan orgullosos de ser catalanes como españoles".

La respuesta a esta afirmación fue sonada por parte de los diputados nacionalistas e independentistas y del propio Ejecutivo catalán, que le pidió que rectificara. El ministro, por el contrario, dijo que no iba a cambiar "ni una coma" al considerar que no había "nada reprobable en españolizar".

En las conferencias sectoriales de Educación, la foto más buscada ha sido durante esta etapa la del saludo entre Wert y la consellera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, sobre todo después de que ésta le plantara en medio de una reunión por su rechazo al borrador de la LOMCE, que a su juicio, dejaba al catalán como una lengua "de segunda" y suponía una "invasión competencial".

Además, la reforma educativa contiene una disposición adicional, la 48ª, dirigida especialmente a Cataluña: el pago de una plaza en un centro privado a quienes quieran estudiar en castellano como lengua vehicular y no tengan plaza en la red pública. De esta forma, el ministerio pretendía acabar con el sistema de atención individualizada que da la Generalitat a estos alumnos, puesto en entredicho por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

EL CASTELLANO EN LOS TRIBUNALES

El último enfrentamiento en materia lingüística ha tenido lugar hace unas semanas, después de que el Ministerio de Educación, a través de la Abogacía del Estado, presentara un recurso ante TSJC para que ordenara la apertura de un periodo adicional de matriculación en Cataluña con la oferta del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, pero que finalmente lo ha rechazado.

El departamento de Wert por primera vez establecía en su recurso esa "proporción razonable" de castellano en el 25 por ciento como mínimo, que equivale a una asignatura más, además de Lengua Castellana y Literatura, tal y como había establecido anteriormente el TSJC, y que fue avalado por el Supremo en una sentencia del 8 de mayo.