José Luis Moreno pide al juez que le permita salir de España para llevar a cabo "nuevas producciones"

Se compromete a extinguir sus deudas pendientes si el negocio con un "fondo de inversión internacional" fructifica

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El productor televisivo José Luis Moreno ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que le investiga por una presunta estafa a través de su entramado societario que le permita realizar viajes al extranjero para llevar a cabo la "ejecución de nuevas producciones audiovisuales".

En un escrito del pasado jueves, recogido por Europa Press, la defensa del ventrílocuo insta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, a sustituir la prohibición de salida del territorio nacional por la posibilidad de abandonar España puntualmente. Así, solicita que se le devuelva su pasaporte y se compromete a justificar los vuelos y los lugares de residencia a los que se desplazaría.

En este contexto, la representación de Moreno explica que el productor "se encuentra en conversaciones muy avanzadas con un fondo de inversión internacional para la ejecución de nuevas producciones audiovisuales, en el desarrollo de su actividad profesional".

Así, incide en que "el hecho de no disponer de cuentas bancarias operativas, a través de las cuales pueda tener lugar el giro o tráfico diario de las sociedades, está dificultando notablemente el desarrollo de su actividad mercantil".

"Por ello, y para el correcto desarrollo de estas producciones, se hace imprescindible la flexibilización de las medidas cautelares reales y personales adoptadas", sostiene la defensa de Moreno, que solicita que se autorice a tres de las sociedades de Moreno para la apertura de una nueva cuenta bancaria.

SE COMPROMETE A EXTINGUIR SUS DEUDAS

Una de esas cuentas se abriría en Reino Unido, donde Youmore TV desarrollaría una parte importante de la operativa. Así las cosas, también instan al juez a que permita a las sociedades operar con esas cuentas bancarias y que habilite a Moreno para obtener y disponer de una tarjeta con cargo a las mismas.

En este sentido, el escrito explica que en "el marco de aquellas negociaciones se ha convenido que el citado fondo de inversión realice un primer pago, por importe aún pendiente de concretar, que sería destinado a disponer de fondos necesarios para dar comienzo a la producción audiovisual, mediante la contratación del personal necesario" y "la adecuación de los estudios".

Parte de ese dinero, aducen, también iría destinado "a la íntegra liquidación de todas las deudas públicas que al día de la fecha ostentan las sociedades" de Moreno. "La prioridad de mis representados siempre ha sido abonar las deudas públicas pendientes, en la medida de sus posibilidades económicas y con el fruto de su esfuerzo y su trabajo", recoge el escrito.

Y es que, incide la defensa, "de concederse las autorizaciones solicitadas, que permitirán la suscripción del acuerdo para la ejecución de nuevas producciones audiovisuales por parte del señor Moreno y las sociedades, se podrá proceder a la íntegra liquidación y cancelación de las restantes deudas públicas".

"La concesión de dichas autorizaciones en nada afecta al presente procedimiento ni a las medidas cautelares reales y personales ya acordadas, toda vez que no se solicita el alzamiento de las medidas acordadas sino su flexibilización a fin de poder hacerlas compatibles con el desarrollo de la actividad profesional de mi representado y de la actividad mercantil de las sociedades vinculadas al mismo", concluye.

MORENO, LA TARJETA DE VISITA

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por José Luis Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.