JpD pide aclarar dudas sobre la destrucción para ver si es delito porque la ley la limita a datos personales

Jueces para la Democracia pregunta por la fecha exacta en que el PP borró toda la información de los discos duros

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido de que la actuación del Partido Popular con los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas genera "muchas dudas" que "tendrían que ser aclaradas para que se pudiera valorar si puede existir un delito de encubrimiento y destrucción de pruebas".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha subrayado en declaraciones a Europa Press que el precepto invocado por la formación política relativo a la Ley de Protección de Datos se refiere a la destrucción de datos personales. "No se entiende que se haya destruido absolutamente todo", ha remachado.

"Aquí se han borrado no datos de carácter personal, sino todo el disco duro", ha señalado Bosch, para plantear que "si Bárcenas trabajaba en un espacio del PP y a las órdenes del PP con esos ordenadores, hay que presumir que no era información mayoritariamente personal, sino datos correspondientes al PP".

A su juicio, los 'populares' no han dado una "explicación absolutamente razonable" capaz de aclarar por qué han borrado los discos duros al completo. Considera también "relevante" saber en qué fecha exacta procedió a su destrucción para conocer si fue "antes o después" de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz requiriera esos ordenadores.

En todo caso, el portavoz de la asociación judicial ha dejado claro que, aunque el juez Ruz no hubiera señalado los equipos informáticos como prueba del 'caso Gürtel', la destrucción o alteración intencionada del instrumento de un delito para impedir su descubrimiento puede ser delictiva.

LOS CIUDADANOS PIDEN TRANSPARENCIA

"Estamos en un momento en el que la ciudadanía necesita tener confianza en las instituciones y fuerzas políticas", ha recalcado Bosch, que ha destacado que la "máxima transparencia" ayuda a reducir la incertidumbre en torno al 'caso Bárcenas'.

El PP alega que la Ley de Protección de Datos obliga a borrar y formatear los ordenadores cada vez que un usuario lo devuelve a la empresa para que lo pueda utilizar otro. Explica que en esta norma hay una "guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información" desarrollada en el Real Decreto de 21 de diciembre de 2007.

En su artículo 92.4 dice que "siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior".