MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
JUCIL, la asociación de la Guardia Civil surgida de la plataforma Jusapol, ha mostrado este martes su indignación por los cuatro agentes expedientados por la Dirección General del Instituto Armado al participar el 3 de marzo en una protesta frente al Congreso de los Diputados, y a la que se sumaron en apoyo de su reivindicación de una "equiparación real" diputados de Vox y Ciudadanos.
En un comunicado, la asociación 'hermana' de JUPOL en la Policía Nacional destaca que los agentes acudieron a la manifestación en su condición de ciudadanos, "sin portar ningún distintivo de la Guardia Civil ni armas y sin identificarse en ningún momento como guardias civiles". La manifestación, recuerdan, fue convocada por Jusapol y estaba autorizada por la Delegación del Gobierno de Madrid.
En la protesta de Jusapol se vivieron momentos de tensión con el cordón policial y se lanzaron consignas pidiendo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pedían que no se rechazara su Iniciativa Legislativa Popular a favor de lo que califican como "equiparación real". Algunos manifestantes cubrieron sus rostros con caretas y también usaron botes de humos y silbatos mientras cortaban el tráfico en la Carrera de San Jerónimo.
La Guardia Civil ha abierto expediente contra cuatro agentes por esta protesta el 3 de marzo convocada por Jusapol, aunque se trata de expedientes aún en trámite de instrucción, por lo que no se ha determinado si habrá propuesta de sanción o no, según detallaron ayer fuentes del Instituto Armado.
JUCIL --que no tiene representación en el Consejo de la Guardia Civil-- sostiene que la participación fue a título personal y que los agentes están amparados por la ley, tanto en el artículo 21 de la Constitución Española como por sentencias del Tribunal Supremo (número 512/2017) y el artículo 8 de la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, ya que avalan la asistencia a dichos actos, siempre que no se haga uso de la condición de guardias civiles.
Jusapol es una plataforma de policías y guardias civiles que ve insuficiente el acuerdo de equiparación salarial firmado por sindicatos representativos en 2018 y que destina 807 millones en subidas de sueldo en tres años. Ayer anunció en su cuenta de Twitter que sus servicios jurídicos trabajan para "plantar cara a unos expedientes que creen que carecen de sentido".
Se refieren en concreto a los abiertos después de que miembros del colectivo se fotografiaran con diputados de Vox como Macarena Olona el 3 de marzo a las puertas del Congreso. Ese día dirigentes de este partido y también de Ciudadanos respaldaron la protesta contra el veto de una Iniciativa Legislativa Popular sobre la equiparación salarial con policías autonómicas.