Jueces y fiscales respaldan a Garzón y Anticorrupción

   MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Las asociaciones de jueces y fiscales respaldaron este jueves, en términos generales, la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y de las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura en la investigación del 'caso Gürtel' frente al anuncio realizado ayer por el Colegio de Abogados de Madrid, que interpondrá una querella contra todos ellos por las escuchas ilegales que, a su juicio, sufrieron varios abogados de los imputados en este caso, entre ellos los de los presuntos cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo.

   El más contundente en sus afirmaciones fue  el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, para quien la intención del Colegio de Abogados de querellarse contra el juez Garzón es "totalmente gremialista, infundada y corporativista" y podría "incidir de una manera totalmente injustificada en la instrucción actual" del caso 'Gürtel'.

   En declaraciones a Europa Press, Sexmero defendió que un colegio de abogados "tiene que mantener unas alturas de miras muy diferentes". "Una cosa es que defienda los intereses de los profesionales y que cuando se le solicita amparo lo otorgue, haciendo las declaraciones públicas que ya ha hecho, pero de ahí a poner una querella criminal supone una interferencia en la instrucción absoluta", afirmó.

   En su opinión, aunque "puede haber habido alguna irregularidad en el tema de las escuchas telefónicas", al no haber eliminado las que hacían referencia a los abogados, "habría que esperar" a que se conociera todo el sumario para poder valorar. En todo caso, apuntó que una querella así "no es algo que pueda prosperar o que tenga un recorrido claro".

   Para el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, el colegio de abogados está en su legítimo derecho, si bien no hay que olvidar que el juez "está investigando un delito y se encuentra con que los acusados del delito le presentan una querella cuando la investigación todavía está en marcha, lo que va a distorsionar la instrucción".

   Gallardo señaló a Europa Press que este tipo de actuaciones les preocupa, en términos generales, y que les gustaría que existiera un filtro que impidiera el uso abusivo de las querellas contra jueces en España. "Este caso nos debería hacer reflexionar a todos", agregó.

   JpD Y APM SE MUESTRAN CAUTOS

   Las más cautas a la hora de expresar su opinión sobre este asunto han sido las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El portavoz de la primera, Miguel Ángel Gimeno, señaló que no le podía caber en la cabeza que por parte de la Administración de Justicia se conculquen derechos de los ciudadanos, como denuncia el Colegio de Abogados, aunque esperará a conocer el contenido de la querella para expresar una opinión más fundada sobre este asunto.

   "Hay mucho que decir porque quien está en prisión tiene restricciones, y hay que distinguir si un abogado actúa a modo de  corredor de noticias, lo que no es su función", dijo.

   Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, manifestó su intención de ser "extraordinariamente respetuoso y cauteloso" respecto a este asunto, y se limitó a señalar que el Colegio está legitimado a emprender la acción que ha anunciado y que los jueces también están sometidos a responsabilidad también penal.

FISCALES

   Por parte de los fiscales Emilio Sánchez Ulled, de la Unión Progresista de Fiscales, mostró su apoyo tanto a las fiscales como al juez de instrucción porque "no se ha constatado la comisión de ninguna irregularidad y se trata de la investigación de delitos muy serios". En declaraciones a Europa Press, señaló que ve muy poca viabilidad jurídica a la acción anunciada por el Colegio de abogados, si bien "el derecho no es una ciencia matemática".

   En todo caso, Sánchez Ulled señaló que "las instituciones no se pueden ver permanentemente deslegitimadas" y que medidas como las intervenciones telefónicas, puede ser impugnada ante el órgano superior, "pues para eso está el proceso español, que tiene todas las garantías posibles".

   La Asociación de Fiscales hizo ayer público un comunicado en el que manifestaba su apoyo expreso a la actuación desarrollada por las fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura y solicitaba que se respete su labor "estrictamente profesional y ajustada a la legalidad".