Jueces y grupos anticorrupción ven en la limitación de la acción popular impunidad para banqueros y políticos corruptos

Critican que la prohibición a sindicatos, partidos y asociaciones deja "indefensa" a la sociedad civil y "aniquila" un derecho constitucional

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de la comisión nombrada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para prohibir a los partidos, sindicatos y asociaciones ejercer la acusación popular es criticada por jueces o formaciones políticas y organizaciones que, en algunos casos, se personan en delitos de corrupción.

Ven en la medida un intento por "controlar" asuntos seguidos contra "poderosos", políticos y banqueros que deja "totalmente indefensa" a la sociedad civil y "aniquila" un derecho consagrado en la Constitución.

El artículo 125 de la Carta Magna propugna el derecho de los ciudadanos a "ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine".

Ahora bien, la propuesta del Código Procesal Penal elaborada por un grupo de expertos acota el tribunal de jurado a los homicidios y asesinatos consumados y también limita la personación y la lista de delitos que son susceptibles de ser denunciados por la acusación popular.

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, con esta propuesta la "gran mayoría" de procesos de corrupción "no se hubieran destapado" ya que la Fiscalía, en algunos casos, no ha querido actuar. "Han seguido adelante gracias a las acciones populares", ha añadido.

CASO BANKIA, BLESA O CAMPS

Asuntos de gran trascendencia mediática en los que se indaga el perjuicio que han sufrido las arcas públicas son investigados gracias al impulso de sindicatos, asociaciones o partidos políticos que ejercen la acción popular. Así ha ocurrido en los casos instruidos contra entidades financieras como Bankia o Novacaixagalicia o contra personalidades como el exbanquero Miguel Blesa o el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el llamado 'caso de los trajes'.

Bosch admite que pueden haberse producido "excesos" en su utilización pero que ello no justifica la "práctica supresión" de "una forma de participación que ha aportado mucha información de interés público y ha servido para que lleguen a juicio asuntos sobre los que, al menos, era oportuno que se pudiera resolver". "Si esta nueva regulación sale adelante, la acusación popular va a desaparecer en los términos que está concebida", señala a Europa Press.

"Da la impresión de que el Gobierno pretende controlar políticamente la instrucción penal y, por otro lado, evitar que se produzcan acusaciones que no puedan ser controladas desde el poder político", reconoce. En su opinión, esta medida "puede generar impunidad" en un momento en el que no paran de aflorar casos de corrupción contra políticos o personalidades del mundo financiero.

AMENAZAN CON IR A EUROPA

La propuesta también ha levantado ampollas en el sindicato Manos Limpias, que mantiene una posición activa en las investigaciones llevadas a cabo contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa o contra el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin.

La organización se ha puesto en pie de guerra y planea llevar la ley al Tribunal Constitucional e incluso a instancias europeas si el Gobierno la aprueba en estos términos. Su secretario general Miguel Bernard ve esta idea "totalmente inconstitucional" porque "se carga, extermina y aniquila" el artículo 125 de la Constitución. "Me recuerda a la política del nazismo", ha agregado.

"Esto no puede quedar así porque es un golpe al Estado de Derecho. No lo vamos a consentir", ha enfatizado Bernard, para remarcar que detrás de este planteamiento está el intento de "los poderosos por cubrirse" y por "dejar totalmente indefensa a la sociedad civil". "Es un retroceso a regímenes totalitarios nazis".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), con mayor representación en la Administración de Justicia, reivindica la "función social" de los sindicatos y se opone a cualquier "injerencia del poder político". "No puede haber resquicio que permita la impunidad de conductas delictivas", ha añadido.

"La limitación del ejercicio de la acción popular es una 'vuelta de tuerca' más al derecho de tutela judicial efectiva que, últimamente, se ha visto vapuleado con reformas como la de las tasas judiciales, recurrida ante el Tribunal Constitucional por excesiva", precisa.

PROPUESTA DE LOS EXPERTOS

La propuesta de la comisión institucional designada por Gallardón excluye del ejercicio de la acción popular a partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, salvo a colectivos de víctimas en casos de terrorismo.

El borrador, en fase de estudio por el Gobierno, limita los delitos que son perseguibles mediante esta acusación, que actualmente actúa en cualquier delito de naturaleza pública, incluidos los económicos.

De ser aprobado, solo podrá actuar en delitos de prevaricación judicial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes en los mismos.

La ristra de delitos incluye aquellos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el medio ambiente, los delitos electorales, el terrorismo o la provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra asociaciones, así como la difusión de información injuriosa sobre estos grupos.