El juez abre una pieza separada sobre la eventual responsabilidad civil de la presunta 'criptoestafa' de Algoritmhmics

Busca concretar quiénes son los perjudicados y la cantidad supuestamente estafada

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Alejandro Abascal, que investiga la presunta estafa del grupo empresarial Algoritmhmics con criptomonedas, ha decidido abrir una pieza separada en las pesquisas para determinar la eventual responsabilidad civil por los delitos que se atribuyen a los imputados, entre ellos a Javier Biosca, el principal investigado en una causa cuyo perjuicio rondaría los 500 millones de euros y tendría más de 750 perjudicados.

En un auto de este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 establece como criterio para calcular, en el caso de que hubiera una responsabilidad civil, "el importe de la aportación de dinero realizada (daño) por los perjudicados, con un incremento como perjuicio que se concreta en la rentabilidad que hubiera ofrecido el precio de las unidades de bitcoins entre el momento de la inversión y la fecha del vencimiento de sus respectivos contratos", unas cantidades a las que hay que "restar" los pagos hechos por Biosca.

Con esta pieza separada, el juez Abascal pretende perfilar de manera individual tanto quiénes son los perjudicados como la cantidad "supuestamente estafada con sus incrementos". Así pues, da de plazo hasta el próximo 30 de septiembre a las acusaciones para que le hagan llegar un contrato firmado en el que aparezcan "reflejadas de forma inequívoca las condiciones y la cantidad invertida, con el justificante válido de transferencia bancaria o de transacción de BTC junto con su trazabilidad".

Para quienes no puedan así, el juez ofrece la posibilidad de acreditar "fehacientemente (con acuse de recibo)" que han entregado a Biosca dinero en efectivo para ser invertido en criptomonedas.

Abascal ve necesaria la apertura de una pieza separada porque los afectados "aportan continuamente" datos sobre la evolución de la responsabilidad civil y "la revalorización de lo que han dejado de percibir desde que Biosca dejó de cumplir con sus compromisos".

La Fiscalía había recomendado al juez instructor buscar una fórmula para analizar si la documentación aportada por los afectados a través de las diferentes acusaciones cumplía con los requisitos.

Una de las acusaciones, la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, transmitió al juez que la fianza de un millón impuesta a Biosca no cubría total de la responsabilidad civil, "superior a 800 millones de euros", mientras que la defensa del imputado aludió a su "firme voluntad de pago a los perjudicados" y pedía a Abascal que fijara un criterio de cálculo.

BIOSCA, EN LIBERTAD

La semana pasada, el principal investigado salió de la cárcel de Valdemoro (Madrid) después de depositar la fianza de un millón de euros que le había exigido el juez de la Audiencia Nacional.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía, Abascal le puso como medidas aseguratorias la prohibición de salir del país sin permiso y su comparecencia los días 1 y 15 de cada mes ante del juzgado de instrucción más cercano a su domicilio y la fijación de un teléfono móvil y un domicilio, "del que no podrá ausentarse y que no podrá variar temporal o definitivamente sin autorización judicial".

Todo ello, como apuntaba el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, "sin perjuicio de que pueda investigarse el origen y trazabilidad" de la fianza. El propio magistrado había solicitado comprobar la suficiencia y el origen de los fondos aportados como fianza por Strong Project, una sociedad de responsabilidad limitada creada en Sevilla en el año 2011.

Inicialmente, Biosca prestó como aval hipotecario un inmueble propiedad de un particular en Llanes (Asturias). Un informe de parte sostenía que estaba valorado en más de 2 millones de euros, pero una de las acusaciones advirtió de que valdría unos 400.000 euros. Al final, Abascal rechazó esta modalidad de fianza y ordenó al imputado que depositara el millón de euros si quería la libertad provisional.

Al bróker se le acusa de los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público a través de la empresa Algoritmhmics Group, captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas.