El juez admite la petición de José Luis Moreno y le llama a declarar, aunque fijará la fecha más adelante

El productor televisivo había pedido comparecer voluntariamente "a pesar de sostener la nulidad de las actuaciones"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido la petición del productor televisivo José Luis Moreno y le ha llamado a declarar en el marco de la operación 'Titella', aunque la fecha y la hora deben ser fijadas "en función de la disponibilidad" de la agenda del Juzgado Central de Instrucción Número 2.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el magistrado también se refiere a otras de las peticiones realizadas por el ventrílocuo en el escrito que presentó el pasado jueves y en el que pedía que fijase fecha para su declaración "a pesar de sostener la nulidad de las actuaciones" que desembocaron en su detención y la de más de 50 personas.

En el mismo, la defensa de Moreno se preguntaba si sería "posible" su declaración al tiempo que insistía en que todas las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha revelaban el "error tremendo" que supuso la imputación de Moreno, haciendo énfasis en que el resultado de las mismas es "marcadamente exculpatorio".

Ahora, el juez recuerda que ya accedió a la declaración de su socio, el empresario argentino Alejandro Roemmers, presuntamente estafado por Moreno en la realización de la serie 'Glow & Darkness', que versa sobre la vida de Francisco de Asís. En esa resolución el juez también aceptó unir a las actuaciones los informes emitidos por el director de producción argentino Javier Pablo Leoz y otro firmado por Procivitas Producciones.

El juez instructor también insiste en que la pretensión de Moreno, que solicitó la creación de una pieza secreta separada para preservar la confidencialidad de la serie, fue denegada en un auto con fecha de 13 de octubre. El magistrado siguió entonces la línea marcada por el fiscal, que se oponía a la creación de una pieza independiente destacando lo "inaudito de pretender" mantener en secreto un contenido que "necesariamente debería conocer" Roemmers.

NUEVAS DILIGENCIAS

En la misma providencia, el juez también ordena una serie de diligencias a raíz de algunas de las defensas. Así, el magistrado insta a que se libren las correspondientes comunicaciones a Openbank y Bankinter en relación con Luis Enrique Dueñas, un supuesto colaborador de Moreno que se encargaría presuntamente de mover el dinero dentro del entramado societario.

El sumario de la causa describe a Dueñas como un profesional independiente con amplios conocimientos económicos y financieros que se ocuparía de poner a buen recaudo los fondos obtenidos por la presunta trama transfiriéndolos desde sociedades antiguas lastradas por las deudas a otras nuevas libres de cargas.

En su declaración el pasado 7 de octubre Dueñas explicó que hizo tres operaciones con Moreno. Primero le prestó 200.000 euros, después asumió el pago de un crédito que la ex estrella televisiva tenía con una entidad bancaria y, finalmente, compró un estudio de rodaje propiedad de otro banco que el ventrílocuo tenía alquilado.

Por otro lado, el juez también ha acordado entregar copia de la documentación relacionada con José Luis Garrido y Pascal Jean Jongen una vez que la Unidad de Investigación conjunta de Guardia Civil y de la Policía emita el informe requerido sobre los efectos y documentos intervenidos en los registros practicados el pasado 29 de junio.

RECURSO CONTRA LA PRÓRROGA EN LA PIEZA SEPARADA

Además, el magistrado instructor ha admitido a trámite el recurso de apelación formulado por la defensa de Javier Villalba y de Montserrat Pedreny contra el auto del pasado 29 de octubre en el que se acordó prorrogar otros seis meses la investigación de la pieza separada en la que se intenta esclarecer si la organización criminal supuestamente por Moreno contaba con una red dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales.

Serán los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los encargados por tanto de dirimir si esa ampliación del plazo recurrida por dos de los investigados sigue adelante. El plazo de esos seis meses empezó a correr el pasado 4 de noviembre.

EN LIBERTAD CONDICIONAL

Moreno es uno de los principales imputados en la 'Operación Titella', cuya investigación eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario. La Policía Nacional sospecha que el ventrílocuo mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

El productor, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. El pasado 8 de julio depositó un aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le exigió el juez.

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

MORENO, LA TARJETA DE VISITA

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.