El magistrado cita a declarar a seis testigos antes de escuchar al expresidente de la entidad bancaria
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga los presuntos encargos ilegales que BBVA habría hecho al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo ha aplazado por segunda vez la declaración como imputado del expresidente de la entidad bancaria Francisco González señalándola para el 15 de diciembre.
En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa, el Juzgado Central de Instrucción Número 6, dirigido por Manuel García Castellón, pospone por segunda vez la comparecencia de González. Inicialmente, quedó fijada para el 2 de noviembre, pero se cambió al día 29 por problemas de agenda de la defensa. Y ahora se ha vuelto a retrasar, esta vez a instancia de Villarejo, aunque por las mismas razones.
Fue el pasado mes de julio cuando González pidió prestar declaración, a pesar de que ya compareció el 18 de noviembre de 2019, aduciendo que entonces las pesquisas estaban secretas y es ahora cuando ha podido tener conocimiento de todo lo investigado.
La defensa explicó que, aunque en la declaración realizada hace casi tres años contestó a las preguntas del juez y el fiscal, a pesar de que la causa estaba secreta --debido a "su fuerte compromiso de colaboración con la Justicia"--, en estos momentos, después de haber avanzado en las averiguaciones, interesaba al derecho de su representado volver a declarar.
Fuentes jurídicas cercanas a González indicaron entonces que la petición de declarar voluntariamente respondía a la actitud que "siempre" ha tenido el expresidente de BBVA de "total colaboración con la Justicia", con el fin de que "se esclarezca al 100% cualquier duda sobre la correcta actuación del banco bajo su presidencia".
González está investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. La Sala de lo Penal levantó su imputación por administración desleal estimando el recurso del ex presidente de BBVA contra la decisión del juez de seguir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que vio este posible ilícito en el supuesto uso del banco para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a título privado.
RONDA DE DECLARACIONES
Además de la citación de González, el Juzgado también ha fijado una nueva ronda de declaraciones que antecederá, precisamente, a la del otrora presidente de la entidad bancaria. Y lo hace, según explica en un auto de este lunes --al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias--, después de que así se lo solicitase la Fiscalía.
Así las cosas, el magistrado llama el próximo 17 de noviembre a las 10.15 horas como testigo a Marta Hazen, la directora de la sucursal 7384 en el año 2007. Ese mismo día el juez ha citado, también como testigos, a Francisco Hernández y José Manuel Lorenzo, que comparecerán a las 10.30 y 10.45 horas respectivamente.
Un día más tarde, el 18, el instructor escuchará a partir de las 10.15 horas a los testigos Carlos Barragán y Juan Antonio Prieto, ambos trabajadores de BBVA. Por último, el magistrado tomará declaración ese día a partir de las 10.30 horas a Gloria Arias Calvo.
LA RECTA FINAL
Esta serie de citaciones enfila esta pieza separada del 'caso Villarejo', la número 9, hacia la recta final, ya que las fuentes consultadas por Europa Press apuntan que la intención de los investigadores es que la de González sea la última declaración antes de poner fin a la fase de instrucción.
Entretanto, el instructor pondrá la lupa en los "hechos nuevos" que le llevaron a prolongar sus indagaciones, relacionados con la contratación de ANBYCOL, la empresa del ex policía Antonio Bonilla, señalado por la investigación judicial como uno de los colaboradores de Villarejo, razón por la cual se ha sentado en el banquillo de los acusados en el primer juicio al comisario por sus negocios privados.
Estos "hechos nuevos" han venido a engrosar una causa donde García Castellón examina los contratos de BBVA con el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, para distintos proyectos --presuntamente ilegales-- al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
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