El juez archiva el caso 'Púnica' a dos empresarios investigados por el plan de urbanismo de Valdemoro (Madrid)

Ve "llamativo" que una acusación popular sospeche de un contrato que recibió el voto a favor del partido con el que se coordina

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional del caso 'Púnica' para dos empresarios investigados por el plan de urbanismo de Valdemoro (Madrid) de 2004.

En un auto con fecha del pasado 5 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado el archivo de una de las piezas separadas de la macrocausa para Faustino José Soriano Atencia y Javier Cid Sicluna. El juez considera que "no ha resultado debidamente acreditada" su participación en los hechos investigados.

El magistrado recuerda que la investigación por el presunto delito de malversación de caudales públicos de ambos empresarios tiene su origen en febrero de 2020 cuando la acusación popular ejercida por Adade solicitó la imputación de Soriano Atencia. Una petición a la que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción y que el juez rechazó.

No obstante, ambos empresarios fueron llamados como investigados porque así se lo ordenó al juez la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal al estimar un recurso del Ministerio Público.

LAS ACUSACIONES CREEN QUE PARTICIPARON EN UN "PLAN CRIMINAL"

La Fiscalía y la acusación popular creen que Soriano Atencia y el constructor Javier Cid Sicluna participaron en un "plan criminal" que buscaba el enriquecimiento propio de los intervinientes en el mismo y causando un perjuicio del erario público, en este caso del Ayuntamiento de Valdemoro.

Así sostienen, según recuerda el juez García Castellón en su resolución, que el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, el empresario David Marjaliza, los hermanos Ramiro y Javier Cid Sicluna, el entonces alcalde de Valdemoro José Miguel Moreno Torres, y Soriano Atencia fueron parte del "concierto de voluntades" con el objetivo de facilitar la transmisión de una parcela situada en la zona conocida como Manjuelo Norte de la localidad madrileña a la constructora Obras y Vías, encabezada por Javier Cid Sicluna.

Sin embargo, el juez García Castellón, tras tomar declaración a Soriano Atencia y Cid Sicluna el pasado mes de febrero y analizar la prueba documental aportada por sus defensas, concluye que "no se constata indicio alguno que permita vincular a aquellos en la presunta trama dibujada por la acusación".

REPROCHE A UNA ACUSACIÓN POPULAR

De hecho, reprocha a Adade, sobre la que señala que "se presenta bajo la coordinación del PSOE", que promoviera la imputación de Soriano Atencia destacando como indicio el contrato de permuta por el que una de las empresas que pudo resultar beneficiada de este proyecto de urbanismo se hizo con seis parcelas pertenecientes al consistorio municipal supuestamente por un valor inferior al precio de mercado.

Para el magistrado es "llamativo" que la acusación popular solicitara tal declaración como investigado basándose en dicho contrato cuando el PSOE "facilitó, con su voto favorable en el Pleno celebrado el 29 de septiembre de 2004, que se realizara precisamente la mencionada permuta que ahora se señala como parte del plan criminal".

"Tampoco ha resultado acreditada una voluntad criminal de promover en perjuicio del patrimonio municipal un desarrollo urbanístico", afirma el juez García Castellón. Califica de "legal" la actuación de los investigados para "promover un desarrollo urbanístico" en El Manjuelo Norte, puesto que no existe "ni intervención de autoridad o funcionario público, ni perjuicio para bien municipal ninguno".

NO HAY PRUEBAS DE INCREMENTO PATRIMONIAL

Añade el magistrado que tampoco hay pruebas de que Soriano Atencia hubiese incrementado su patrimonio al recibir contraprestaciones por su presunta "intervención" en estos negocios con la participación del constructor Javier Cid Sicluna.

Así, considera "simples especulaciones en la medida que no se ha podido justificar" las sospechas al respecto de las acusaciones, en especial de la Fiscalía, que interesó el embargo preventivo de los bienes de los investigados.

"En consecuencia, tampoco es posible sostener la participación de Javier Cid en los hechos, en la medida en que no ha resultado acreditado que el señor Soriano recibiese regalo alguno", concluye el juez instructor.