El juez archiva la causa sobre las presuntas mordidas en Angola para el ex presidente de Mercasa Eduardo Ameijide

Fiscalía pidió el archivo, Abogacía no acusó y Mercasa retiró su señalamiento inicial

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar la pieza separada donde se investigan las presuntas mordidas de Mercasa en Angola para el que fuera presidente de la empresa pública Eduardo Ameijide toda vez que no hay acusación alguna en su contra.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 explica que la Abogacía del Estado no presentó acusación contra Ameijide y que el Ministerio Fiscal pidió directamente el sobreseimiento provisional para el ex presidente, mientras que Mercasa retiró la que había formulado inicialmente.

Así, Pedraz ordena el archivo de la denominada pieza 'Angola' para Ameijide, según consta en un auto del pasado miércoles avanzado por Vozpopuli y al que ha tenido acceso Europa Press.

La defensa de Ameijide, que ejerce el abogado Carlos Gómez-Jara, había solicitado en un reciente escrito al magistrado que diera este paso "a la vista de la inexistencia de acusación" contra Ameijide.

Además, el letrado recordaba que su cliente fue "uno de los múltiples presidentes de Mercasa en la época objeto de investigación", que va de 2002 a 2017, sin que los demás estén imputados.

La decisión judicial llega cuando la pieza separada se encuentra a un paso de juicio oral. El anterior responsable de dicho juzgado, José de la Mata, puso fin a la instrucción en noviembre de 2019 procesando a varios directivos.

CONTRATOS EN ANGOLA Y DOMINICANA

Para la Fiscalía, la investigación judicial ha permitido acreditar la comisión de un posible delito de corrupción internacional en los negocios cometido por Mercasa y por las empresas con las que se asoció en un consorcio creado en 2002 con la única finalidad de interponer una organización jurídica para conseguir contratos públicos en República Dominicana y Angola.

Durante la fase de instrucción, se analizaron los contratos públicos celebrados por las empresas españolas con el Gobierno angoleño durante los años 2006 a 2016 para la construcción de un mercado mayorista de alimentos en Luanda, concluyendo que hay relevantes indicios de que los administradores de estas compañías pagaron comisiones ilícitas para conseguir las correspondientes adjudicaciones en el país africano.

La suma de estos contratos públicos ascendió a un importe superior a 500.000.000 dólares, aunque lo cobrado por estas mercantiles durante esos diez años de actividad comercial fue de unos 200.000.000 euros

Anticorrupción presentó el pasado mes de junio su escrito de conclusiones provisionales contra 17 personas donde interesaba condenas de hasta 8 años de cárcel, mientras que Abogacía formalizó en febrero su acusación contra 14 personas para las que reclama hasta 5 años de prisión. Mercasa, por su parte, exige a sus ex directivos acusados una indemnización de 26 millones de euros.