El juez Bermúdez pide suprimir muchos aforamientos, empezando por los de jueces y fiscales

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Javier Gómez Bermúdez, uno de los jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional, ha afirmado que el sistema de aforamiento tiene "muchos inconvenientes" y supone una ventaja para los políticos, por lo que se ha mostrado partidario de suprimir "muchísimos aforamientos, empezando por los de jueces y fiscales", que a su juicio "no lo necesitan".

En una entrevista al diario El País recogida por Europa Press, Gómez Bermúdez explica que "el aforamiento territorial (de diputados y Gobiernos autonómicos) es un privilegio" porque permite determinados "saltos" en la distribución de los asuntos y provoca que cuando aparecen dos aforados de dos territorios distintos se disperse el procedimiento.

De los 10.000 aforados que existen en nuestro país, menos del 20 por ciento son cargos políticos y en su mayoría son funcionarios de la justicia, de las fuerzas armadas y de seguridad. Para el juez del 11-M la alternativa al aforamiento sería limitar las denuncias en contra de los jueces.

"Lo que necesitamos es restaurar el antejuicio, que cualquier ciudadano no te pueda denunciar sin causa y sin filtro previo al proceso, porque eso provocaría automáticamente una causa de abstención o recusación y una forma de elegir juez, ya que bastaría con ir denunciando a jueces para dar con el que quieres", ha comentado.

UNA EXCUSA PARA LA CORRUPCIÓN

Gómez Bermúdez cree necesario incluir el delito de financiación ilegal de partidos políticos en el Código Penal, porque su falta de regulación es hasta ahora una de las "excusas" para ejercer la corrupción y evita combatir el problema "de raíz".

Además llama a la regularización de la responsabilidad organizativa, explicando que deberían de ser también responsables de los actos corruptos a los máximos responsables de las organizaciones políticas ya que son ellos, en definitiva, los que permiten este tipo de actuaciones o no controlan de una manera eficaz la formación política, además de que el dinero obtenido ilegalmente no sólo beneficia al responsable en sí sino también a todo el partido.

"La solución es que el responsable sea el máximo responsable. En el momento en que fijas la responsabilidad del dirigente, este, por la cuenta que le trae, porque es honrado, procurará que sean honrados los demás", ha argumentado.