El juez del 'caso Koldo' descarta por el momento pedir al Supremo que investigue al exministro Ábalos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el 'caso Koldo', ha rechazado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para que se valore la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos dado que por el momento "no existen motivos bastantes" para dar ese paso, tal y como solicitaba la acusación popular de Iustitia Europa.

Así consta en una resolución del magistrado a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que Moreno sigue el criterio de la Fiscalía que ya el pasado 5 de septiembre se oponía a dar ese paso, necesario para investigar a Ábalos dado que es aforado por su condición de diputado.

El juez, no obstante, advierte en su auto de que está pendiente de la práctica de diversas diligencias --como testificales, interrogatorios de investigados o informes policiales sobre el resultado de los volcados de efectos digitales intervenidos--.

Así, "a día de la fecha, no existen motivos bastantes para elevar exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo", pero indica que está pendiente "de lo que pudiera resultar en un futuro, como consecuencia de las diligencias que se practiquen y del devenir de la instrucción".

NUEVO TESTIFICAL DE ADIF

Por otro lado, el juez sí que da luz verde a la petición de la asociación Liberum, que interesó a finales de agosto la declaración testifical del director financiero y de Control de Gestión de ADIF, Manuel Fresno Castro. De hecho, pone fecha ya a la misma, y la agenda para el 16 de septiembre a las 10.30 horas.

Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.

El juez investiga entre otros a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.